Explica bien Iriarte que:

“Nuestra decadencia estuvo signada por los gobiernos de facto y los de jure que la ignoraron. Hoy, el Ejecutivo Federal provoca la ruptura de la paz social y la armonía interior con su enfrentamiento con el campo, apartándose sistemáticamente de nuestra Ley Mayor. Los derechos de exportación sólo pueden ser establecidos por ley razonable del Congreso, respetando parámetros de equidad y proporcionalidad (art.4º, CN). La Presidente elude su discusión y aprobación democrática en el Congreso, creando impuestos aduaneros por simples resoluciones ministeriales, como en el caso de la inconstitucional retención del 35% a las exportaciones de soja.
El matutino ‘La Nación’ consultó también a constitucionalistas para analizar el polémico DNU y asegura que violó por lo menos tres artículos de la Carta Magna.

El reconocido constitucionalista Gregorio Badeni explicó que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, prohibe dictar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia tributaria.

“El Gobierno cree que los fondos que provienen de la recaudación de tributos son propios y los dispone por su propia voluntad. Pero, en rigor, esos fondos no son del Gobierno, sino del Estado federal, y sólo el Congreso puede disponer sobre su destino”, asegura Badeni.

El tributarista Fernando Castellano adhirió a la explicación de Badeni y afirmó que “es completamente inadmisible”.