El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, cuando todavía no era un abanderado de las rebelión sojera BB (Biolcati-Buzzi), firmó el 22 de octubre de 2002 la resolución 229 referida a las obras no autorizadas en los campos. Estableció un nuevo procedimiento para frenar la construcción de canales clandestinos “que alteren el normal escurrimiento de las aguas en las zonas afectadas por las inundaciones”. La resolución indica que, ante la existencia de obras sin permiso, se debe denunciar por escrito ante el distrito de Hidráulica más cercano, el cual debe comprobar la existencia de la obra y remitir la información en 72 horas al director provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Esta repartición, en 48 horas, debe corroborar si los trabajos están autorizados. En caso contrario, tiene que girar las actuaciones a la Autoridad del Agua, que intima al propietario de la obra. Según esa norma, si éste no presenta documentación que acredite que podía realizarlos, se declara su clandestinidad, y se lo intima a restituir la situación a su estado anterior. De no hacerlo, debe realizarlo ADA, a costa del propietario y con el auxilio de la policía.