Un gobierno nacional debe ejecutar sanas políticas de Estado, estos son actos administrativos y políticos tendientes al bien común. Esta medida es todo lo contrario. Aún suponiendo que se esté violando una disposición vigente, como prestar un servicio sin licencia, el cierre de la actual prestadora no sólo perjudicará a sus actuales abonados, provocará perores condiciones de servicio a los abonados de otras empresas que deberán absorber la demanda y que ya tienen dificultades para atender el creciente número de conexiones de adsl. Si fueran un gobierno en serio buscarían encuadrar en lo legal a la prestadora (cablevisión) no para beneficiarla, sino para beneficiar el bien común. Este es un gobierno mafioso que usa el estado para castigar opositores, simple.