El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para declarar la fabricación de papel de interés público. La prudente iniciativa oficial desmiente las especulaciones que la prensa opositora había hecho los días previos, aunque luego del anuncio continuó el derrotero de absurdas interpretaciones sobre la medida. Tanto Clarín como La Nación ocuparon hojas enteras alentando el fantasma del control gubernamental sobre la prensa independiente y elaboraron teorías en torno de la “verdadera intención” de la propuesta, que no sería otra que la intervención kirchnerista sobre la única empresa proveedora de papel para diarios del país.
Pero nuevamente se pretende reducir el cuestionamiento a los monopolios mediáticos como un conflicto entre un gobierno y un grupo económico particular, cuando verdaderamente lo que está en juego es un proyecto de sociedad que está determinada por el uso y control del recurso informacional. Así, hoy deberíamos preguntarnos qué característica tendría esa sociedad ante una concentración de la propiedad de los medios de comunicación y de las industrias culturales en apenas unos cuantos conglomerados empresariales