Fue, de hecho, uno de los apoderados que denunció penalmente a funcionarios del IVC porteño en julio de 2008, por la demora en el pago de 2,4 millones de pesos, a pesar que la Fundación ya registraba atrasos en las obras. Gallardo cobró notoriedad en septiembre pasado, cuando fue abogado acusador en el “juicio ético y político” contra periodistas que organizó Bonafini.

Para entonces, su nombre figuraba ya en el directorio de dos empresas constructoras. El 4 de enero de 2007 integró como accionista y presidente la sociedad anónima Construcciones 211, con 300.000 pesos de capital. Sus socios eran un carpintero yugoslavo (Daniel Parlov, de 59 años) y dos jóvenes (Juliana Amalia Molina, de 25 y Carlos Sorella, de 33) que compartían el mismo domicilio.