Más adelante, el escrito solicita que “se practique una prolija auditoría de los juzgados criminales, en particular del fuero en lo criminal y correccional federal, penal económico y penal tributario y fiscal, certificando el estado del trámite de las mismas” a fin de evaluar la “cantidad de causas judiciales en las cuales estaría involucrada la Presidente y sus empleados.”
Finalmente, Piragini plantea que el acervo hereditario involucrado en el expediente sucesorio aludido “podrá ilustrar sobre algunas de las tantas y valiosas posesiones que integrarían el patrimonio de la denunciada y su grupo familiar, indicativo de un crecimiento patrimonial tan descomunal como sospechoso, lo cual podría evidenciar otros ilícitos.

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