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Así lo atestiguaron los afiliados a la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) que iniciaron la denuncia y remarcaron las implicancias políticas del procedimiento.
“La operatoria que vimos era la siguiente: reclutaban a gente pobre de manera espuria, por 30 o 40 pesos. La llevaban a los hospitales o los centros de Salud, le daban una vacuna, ponían a dos mamás como parte del testeo independiente y les prometían una obra social. Esto sucedió entre 2005 y 2007”, relató Jorge Yabkowski, titular de la Fesprosa.
“Después empezaron los primeros fallecidos y varios querían salir del programa pero los amenazaban con sacarles los planes”, completó. En 2008 el Anmat tomó la denuncia y comenzó una investigación que finalizó en la multa ahora ratificada en la justicia. Pero nada se habló de las responsabilidades políticas.
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