Desde hace años la institución viene sufriendo constantes y reiterados ataques por parte de la administración de la ciudad. Desde el 2007 los chicos son obligados a pasar frío ya que no cuentan con gas. Desde ese mismo año también, la cocina quedó inhabilitada. Además, los servicios sociales como psicopedagogía y odontología fueron retirados.

La hostilidad llegó a su máximo punto cuando en 2009 la policía metropolitana se instaló de prepo en el edificio contiguo, con el cual la escuela comparte parque y comedor. Solo gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y luego de incontables reclamos de padres y docentes, la policía fue retirada 7 meses después.

Estos boicots han producido un progresivo decaimiento en el número de alumnos de la escuela. La resistencia del macrismo a proveer dos micros es solo un punto más de este terrorismo de estado. Lo que Macri busca es disponer libremente de este predio de un gran valor comercial y concretar, como otras veces, un buen negocio.