La delegación de la Argentina respondió que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos de esas tierras han sido suspendidos hasta el 23 de noviembre de 2013, pero admitió que “luego de verificar la ausencia de los requisitos exigidos, han ordenado desocupaciones”.
Rodrigo Gómez Tortosa, de la ONG argentina Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), comentó a AFP que esa ley “tiene un escaso nivel de ejecución”, y denunció que el dirigente indígena de la comunidad Qom, Félix Díaz, “sufrió “amenazas y agresiones” en el marco de un conflicto que mantiene por la usurpación de tierras con autoridades de la provincia de Formosa.

El informe que elaboró Anaya sostiene que los problemas de los indígenas en la Argentina derivan “de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades”, que “no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación”.

Según datos oficiales, los indígenas en Argentina serían 600.329, el 1,7% de la población, aunque otras fuentes consultadas por Anaya los cifran en 2 millones, para constituir unos 30 pueblos autóctonos, asentados preferentemente en provincias del norte y sur del país.