Después de haber temido lo peor, resulta una muy buena noticia la “aparición con vida” de Alfonso Severo, testigo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Apareció golpeado, esposado con precintos, y en un estado de fuerte de conmoción. Estuvo secuestrado un día entero, con el evidente propósito de impedir que se presentara a declarar el día de ayer en tribunales, y de asustarlo. ¿Hace falta decir que no se trató de un delito común sino de una maniobra política?
Los secuestradores, además de impedirle declarar, provocaron un efecto más amplio: meternos miedo. No en vano, la desaparición hasta el presente, sin explicación, de Jorge Julio López, testigo en una causa donde se investigaban crímenes de lesa humanidad, apareció como referencia ineludible. ¿Otra vez?, nos preguntamos. Por suerte, esta vez, NO.
El ministro de Justicia, Julio Alak explicó que el programa de protección a testigos sólo se aplica cuando la justicia lo decide o el propio interesado lo reclama. Pero, habida cuenta de los bueyes con los que aramos, y que la casa de este testigo había sido baleada con armas de calibre 40, ¿no debiera instrumentarse una estrategia de protección más amplia y flexible, de custodia o cercanía, con aquellos valientes que se atreven a declarar contra los represores?