Que los camaristas le hayan regalado las tapas de hoy a Clarín y La Nación con títulos contrarios al 7D es, casi, una chiquilinada, un golpe de efecto que puede durar horas, tal vez días, acaso semanas. Es más difícil para los jueces involucrados en esta última maniobra dilatoria justificar las razones de su fallo, que hacerle entender a un chico de primaria que, en democracia, si una ley la envía el Ejecutivo, la vota el Legislativo y la valida la Corte Suprema de Justicia, es una ley constitucional, aplicable, con todos sus efectos. Lo único preocupante es que magistrados que deberían velar por el cumplimiento de las leyes consagran la desigualdad con absoluto desparpajo, desafiando a otros dos poderes del Estado, en alianza con grupos concentrados de la comunicación que quieren eludirla o burlarla. El poder judicial debe ser independiente, también de los monopolios. La Corte Suprema de Justicia más prestigiosa de los últimos 29 años, impulsada por el kirchnerismo, no puede dejar de manifestarse en contra de las presiones y el lobby descarado del Grupo Clarín SA.