Luego de los canjes de deuda de 2005 y 2010, que obtuvieron una adhesión del 93 por ciento del total de acreedores e implicaron quitas de hasta el 65 por ciento de capital y ahorros de intereses, una porción minoritaria de bonistas decidió entrar en litigio con la Argentina.

Entre esos bonistas hay “fondos buitre” -en realidad estas entidades compraron bonos en default, en gran medida luego de finalizados los canjes- a precio vil, que representan el 0,45 por ciento del total de los tenedores de esos bonos.

Decidieron entonces recurrir a la Justicia de Estados Undios reclamando el pago del 100 por ciento de sus acreencias -alrededor de 1.300 millones de dólares-.

El juez de Primera Instancia del distrito de Nueva York, Thomas Griesa, falló en 2012 en favor de los fondos buitre, dictando el pago del total de los bonos.

El Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que finalmente avaló la decisión de Griesa, un 26 de octubre.

Un mes más tarde, la misma Cámara decidió hacer lugar a un pedido del Gobierno nacional y suspendió el fallo, citando a las partes a una audiencia final el 27 de febrero de 2013.

Luego, el Gobierno planteó reabrir el canje de deuda, para que los fondos buitres cobraran lo mismo que vienen cobrando los bonistas que accedieron a la quita argentina.

Entonces, la Casa Rosada recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que revea el fallo inicial de Griesa.