Durante cuarenta años, Francisco Franco, el Generalísimo, el Caudillo de España por la Gracia de Dios, sojuzgó al pueblo español mediante una de las más terribles dictaduras del siglo XX. La persecución, la tortura, la cárcel, el asesinato, fueron algunas de las herramientas que utilizó para llevar de nuevo al país a la época de la Inquisición.

Casi cuatro décadas después de la extinción del feroz régimen, esos crímenes de lesa humanidad permanecen a salvo de la investigación y el castigo penal que merecen. Aquí, en nuestro país, debimos soportar también durante muchos años la negación de justicia para las aberraciones que cometió la última dictadura cívico-militar. La impunidad garantizada legalmente, contra la que importantes sectores de nuestro pueblo lucharon con enorme consecuencia, recién fue derrotada con los juicios y las condenas que siguieron a la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 2003.

Antes de eso, sin embargo, muchos argentinos tuvieron la posibilidad de recurrir a los tribunales españoles, y a los de otros países europeos, en procura de la justicia que se les negaba en la propia escena de los crímenes del Terrorismo de Estado