Cuando Carlos Slepoy y Ana Messuti impulsaron como abogados la querella contra los crímenes de la dictadura franquista en la Justicia argentina se fijaron un objetivo mínimo: juzgar a los responsables de los crímenes o demostrar por enésima vez que España es un refugio para los criminales de la dictadura. Apenas trece días después de la orden de detención internacional de la juez argentina María Servini contra cuatro presuntos torturadores del régimen franquista (sólo dos están vivos), el objetivo de los abogados está más cerca. El Estado español debe decidir qué quiere ser.

“España se verá obligada a decidir qué quiere ser y qué quiere hacer. Si quiere juzgar a los criminales, si quiere extraditarlos a Argentina o si prefiere ser el refugio internacional de los criminales franquistas”, declaró Slepoy a este periódico tras salir de la Audiencia Nacional, donde mantuvo una reunión con el juez Ruz.