Era la crónica de un desahucio anunciado en el que ya nada se podía hacer. Rocío Flores lo intentó hasta última hora. Interrumpió el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba a la desesperada. “Mañana me echan a la calle. ¿Cuál va a ser mi futuro, señor alcalde?”, gritaba el martes, mientras era desalojada por la Policía Local. Ayer no hizo falta policía. Rocío y su marido metieron todas sus cosas en un Ford Focus pequeño y se marcharon de su casa del barrio de Huerta de la Reina, en la calle Sebastián de Benancázar. Sus dos hijos, de diez meses y tres años, enfermos con problemas respiratorios por vivir en una casa repleta de humedades, estaban en la guardería. “Todavía no les hemos dicho nada”.

Rocío y su marido, en paro desde hace años y sin acceso ya a ningún tipo de prestación -“lo único que hacemos es vender ajos por la calle”-, se marcharon de la casa sin saber muy bien dónde iban a pasar la noche. El Ayuntamiento de Córdoba le ofreció una solución transitoria después de la tensa escena vivida en el salón de plenos. Mientras acceden a una vivienda social, el Consistorio les ha ofrecido cuatro plazas en el Centro de Transeúntes de Campo Madre de Dios, gestionado por Cáritas. Rocío y su familia lo rechaza, ya que tienen dos niños pequeños y el Centro de Transeúntes está ocupado por sin techo y “toxicómanos” de la ciudad. “Yo no meto allí a mis hijos”, dijo.

Stop Desahucios ha justificado su ausencia en una nota de prensa en la que aclaraban: “No somos una organización de caridad, somos una plataforma ciudadana que asesora, apoya y lucha por las familias que empiezan a no poder abonar sus hipotecas o están ya en proceso de ser desahuciadas y que aborda de forma integral el derecho a la vivienda”. En el caso concreto de esta familia, Stop Desahucios Córdoba considera que “no actúan de oficio. No somos una especie de “policía antidesahucios”. Somos gente que se organiza y lucha, nada más y nada menos” y que en su momento “ofrecimos a Rocío y Rafa ayudarles e integrarse en la plataforma, y a día de hoy seguimos haciendo el mismo ofrecimiento además de solidarizarnos con la injusticia tan enorme que se está haciendo con ellos y con tantas otras familias”.

Ahora, el futuro del matrimonio y sus dos hijos es incierto. El próximo 4 de octubre competirán con otras 37 familias de la ciudad por hacerse con una vivienda social de la empresa municipal cordobesa Vimcorsa. Sólo se adjudica una casa a una familia en situación de desamparo absoluto, como es el caso de la familia de Rocío.

Se trata del caso de Isabel, que debe a la EMVS el alquiler desde el mes de enero, una deuda que ronda los 1.000 euros y que el Ayuntamiento se niega a renegociar. Vive con su marido, que padece problemas cardíacos; con su hija de 8 años y sus dos padres, también enfermos y a los que cuida. Todo ellos con unos ingresos entorno a los 700 euros mensuales. La situación se ha ido haciendo cada vez más difícil para esta familia, a la que unos gastos imprevistos le han impedido hacer frente a los 117 euros mensuales que paga de alquiler.

Un grupo de activistas ha pasado la noche junto a la familia y ha intentado negociar con la comisión judicial este misma mañana, pero no han tenido éxito. En el exterior, otro grupo trataba de impedir, mediante un cordón, que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) accediesen al interior del bloque. Tras unas cargas policiales, los agentes han llegado a la puerta de Isabel, informa a Público una activista que se encuentra en la casa con la familia. También se ha lanzado el Twitter la etiqueta #IsabelSeQueda .

La madre de Isabel ha sufrido un ataque de ansiedad cuando la Policía ha llegado y a tenido que ser trasladada al hospital 12 de Octubre,

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los hechos sucedieron sobre las 11.50 horas en una vivienda en el municipio de Arteixo (A Coruña), a donde acudió una comisión judicial por un desahucio de un piso de alquiler.

El hombre que estaba dentro del piso se disparó con un arma cuando acudieron los dueños del piso con un agente judicial para comunicarle que tenía que abandonar la vivienda.

El 061 desplazó al lugar una ambulancia asistencial y otra medicalizada, así como personal sanitario del centro de salud de Arteixo para atender al herido.

El varón herido, J.M.E., de 62 años de edad, ha sido evacuado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), según han señalado fuentes sanitarias.

España es el segundo país de la Unión Europea en términos de desigualdad social por detrás de Letonia según el estudio de la Fundación 1º de Mayo Desigualdad y Estado social en España, que analiza cómo los recortes sociales a partir de 2010 no harán más que agravar la brecha entre los más ricos de los ricos y el resto. La situación, pese a los continuos mensajes del Gobierno de Mariano Rajoy de que en el medio y largo plazo el país volverá a recuperar bríos pasados, es impredecible desde el punto de vista social. La imparable destrucción de empleo acompañada de la reducción de salarios, la precarización laboral, la reducción de los subsidios o su eliminación, la asfixia al Sistema Nacional de Salud y a la Educación pública y los recortes en pensiones hacen que si España era históricamente un Estado con un índice de desigualdad superior a la media europea, ahora lo sea mucho más. Y el origen, sobre todo, está en el ladrillazo.

Los datos de Eurostat con respecto a la desigualdad así lo evidencian. Aplicando el índice de Gini se puede comprobar que la desigualdad en España entre 2005 y 2010 aumentó 2,1 puntos (del 31,8% al 33,9%, mientras que la media de la Unión se redujo en una décima pasando del 30,6% al 30,5%.

Un hombre de 56 años fue hallado ahorcado la madrugada del viernes en Alicante. El cuerpo apareció en plena calle, colgado de las rejas de un portal a escasos dos minutos de la vivienda de la que había sido desahuciado diez días antes.

El fallecido estaba separado y desempleado y vivía de alquiler en un piso del barrio alicantino de las Carolinas, del que adeudaba más de un año de alquiler, según informa el diario provincial La Información, que también se hace eco de que la propietaria del inmueble había intentado recuperar su casa renunciando al dinero adeudado.