¿Por qué mueren de hambre los niños en un país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo?
Según la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin) 260.000 chicos menores de cinco años sufren algún grado de desnutrición en Argentina.
En tanto, 2.100.000 personas no tienen garantizado el acceso a una alimentación diaria.
Uno de los grupos más vulnerables son las comunidades indígenas, sobre todo las que habitan en el noroeste del país, en la zona conocida como el Gran Chaco o Chaco Salteño, que abarca a las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.
Los ocho niños que fallecieron por causas relacionadas con la alimentación deficiente en 2011 eran de familias aborígenes de Salta.
Las muertes generaron acusaciones contra el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey.
Urtubey, un aliado del gobierno nacional, reconoció que “la desnutrición infantil es un drama latente”, pero señaló que el principal problema no es la falta de asistencia estatal, sino una “cuestión cultural” de los indígenas que dificulta las tareas de ayuda.
Ana Álvarez, de la Fundación Asociana, una ONG anglicana que asiste a las comunidades indígenas del Chaco Salteño hace más de cien años, señala que los problemas que aquejan a los aborígenes tienen un origen: la tala de los bosques nativos, de los que dependían para su subsistencia.

Por entonces, Gabriel Cherque, werken de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, residentes ancestrales de Loma de la Lata, la zona donde YPF llegó hace años para quedarse, contó que los derrames eran frecuentes en la zona y reveló que desde el año 2000 aproximadamente, la provincia tiene que proveer a su comunidad de agua envasada por una orden judicial, luego de que se detectara que el agua de las napas en la zona estaba contaminada.
El ODHPI también reveló en su informe que “además de Repsol SA, que es una de las más beneficiadas por las concesiones oficiales, muchas otras empresas han recibido autorización para la exploración o explotación en territorios indígenas y en ningún caso se ha cumplido, ni siquiera en apariencias, con el derecho de consulta”.

Más de 100 personas pudimos ver las casi tres horas de audiencia por pantallas colocadas en el hall del 4º piso de Tribunales, donde se palpitaba el entusiasmo, la ansiedad, la bronca, y la indignación ante algunas declaraciones
Estuvieron el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Martín Romano, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, y representando al sector que reclama las hectáreas arrebatadas estuvo el Defensor Oficial ante la Corte, Julián Langevin y la abogada Silvina Zimerman en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentes bajo la figura de amicus curiae.
Organismos de Derechos Humanos presenciaron la audiencia, entre ellos Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo LF, Adolfo Pérez Esquivel del SERPAJ, Aldo Etchegoyen de la Asamblea Permanente por los DDHH (APDH) Nacional, Pablo Pimentel por la APDH La Matanza, Verónica Huilipan de CTA y Horacio Verbitsky, titular del CELS.