El gobierno venezolano exigió a la Interpol que emita una alerta roja contra Guillermo Zuloaga y su hijo, quienes estarían en Miami, según un ministro chavista
El ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, dijo hoy que el presidente del canal Globovisión, Guillermo Zuloaga, es un prófugo de la justicia por negarse a responder a un cargo de usura por acaparamiento de vehículos, y solicitó su detención a la Policía Internacional (Interpol).

El funcionario señaló que solicitó a la Interpol que emita una “alerta roja” contra Zuloaga y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso, quienes enfrentan una orden de detención por el cargo de usura y se han negado a entregarse a la justicia. “Estamos comprometidos con hacer justicia. Aquí hay una revolución verdadera”, dijo a los periodistas.

Además afirmó que los Zuloaga “se encuentran en Miami, Estados Unidos, donde cuentan con apoyo y cómplices para esconderse”.

«Típica de los gobiernos socialistas»
Carlos Machado Allison, biólogo y experto en políticas agroalimentarias, señala que “la comida vencida o descompuesta importada es típico de los gobiernos socialistas”, dijo al diario El Universal.
Considera que eso “ocurrió de manera reiterativa en la Unión Soviética y en sus países satélites durante muchos años y es muy sencillo porque el negocio está en importar los alimentos y una vez que lleguen al país a nadie le interesa mucho el destino que puedan tener”.
En el gabinete de Chávez “no hay gente que sepa de alimentos. Los que saben son Empresas Polar, Cargil, Kraft y Alfonso Rivas. Al gobierno no le gusta que la empresa privada trate de ocupar esos espacios. Por eso los quiere suplantar y eliminar”.

Los comestibles estaban ocultos en los contenedores de los puertos y otros enterrados en fosas desde hace 12 meses

En los últimos días en diferentes rincones de Venezuela están saliendo a luz pública toneladas de alimentos podridos y medicinas vencidas, importados por el gobierno de Hugo Chávez, que estaban algunos ocultos en los contenedores de los puertos y otros enterrados en fosas desde hace 12 y seis meses.
Por ahora, y es la punta del iceberg, van más de 70.000 toneladas de productos descompuestos, y pueden hallarse mucho más, según vayan “cantando” los informantes del más reciente escándalo de corrupción, que el presidente Chávez intenta minimizar y desviar la atención con sus ataques al sector privado, especialmente contra la prensa crítica y Empresas Polar.
En Puerto Cabello, estado Carabobo, se registraron 2.300 contenedores de alimentos descompuestos, que en opinión del ex gobernador del estado Bolívar y candidato opositor, Andrés Velásquez, representan una pérdida de 2.000 millones de dólares para el país.

El País precisa que hay una larga lista de venezolanos, opositores y periodistas a quienes los cubanos que trabajan en Venezuela tienen prohibido frecuentar.

Según la Sociedad Venezolana de Medicina Bolivariana, de los 15 mil médicos cubanos que prestan servicio en el país extraoficialmente desertaron 1.500.

Un miembro de la Sociedad que no quiso ser identificado, citado por el diario, dijo que cuando algún médico se fuga el gobierno inventa que fueron trasladados a otro lugar.

Las únicas fugas que las autoridades cubanas y venezolanas no pueden ocultar son los 68 médicos de la Isla muertos en los últimos siete años en Venezuela, unos por enfermedad, otros fallecidos en accidentes, pero la mayoría asesinada por delincuentes, dice el El País

Por su parte, el abogado de la jueza, Juan Garantón, declaró el pasado lunes al diario venezolano El Nacional que Afiuni presenta varios problemas de salud durante los últimos días, relacionados con alergias e irregularidades en la presión arterial.

La jueza María de Lourdes Afiuni se encuentra detenida desde el pasado 10 de diciembre por haber otorgado la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño. El pasado 3 de mayo acudió al tribunal 50 de control a cargo de la jueza Leibys Azuaje, pero la defensa pidió cambio de fecha en su audiencia preliminar.

Familiares de Afiuni piden justicia y rechazan la manera en que normalmente es trasladada a los tribunales. Sostienen que más de 70 funcionarios policiales custodian a la jueza y dicen que necesita de manera urgente ser tratada por un médico.

El pasado 18 de marzo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, aseguró haber pedido a Interpol España información de los antecedentes penales y las causas pendientes de Cubillas. Recordó que cuando el etarra llegó a Caracas en 1989 no tenía “antecedentes policiales, judiciales, ni estaba siendo requerido en ninguna parte del mundo”. Cubillas adquirió la nacionalidad venezolana gracias a su matrimonio con Goizeder Odriozola, que ha ocupado seis altos cargos en la Administración de Chávez. En la actualidad es directora de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, es asesora personal de Elías Jaua, el vicepresidente ejecutivo de la República.
“No tenemos noticia de ninguna detención. De la posición del Gobierno venezolano lo único que sabemos son las declaraciones que en su día hizo su presidente”, señalan fuentes de la fiscalía española de la Audiencia Nacional que el 14 de noviembre de 2008 presentó una querella criminal contra Cubillas y otros etarras por sus entrenamientos con explosivos en, al menos, seis campos terroristas de la selva venezolana.

La detención de Cubillas que reclama la Audiencia Nacional debería haberse producido el mismo día 1 de marzo que llegó a Caracas la orden de búsqueda y captura internacional tramitada por Interpol y dictada por el juez Eloy Velasco, según señalan fuentes judiciales que destacan la gravedad de las acusaciones: tenencia de explosivos en colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas.
“En el ámbito policial, la detención debería ser inmediata. Luego ya viene el plano judicial donde se pueden discutir muchas cosas, pero hay una serie de tratados internacionales de colaboración que en este caso obligan a detenerle. Esta situación es anómala”, opina un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Se trata de la magistrada María Lourdes Afiuni, quien se encuentra presa en una cárcel común por un capricho del autócrata. Su hermano, Nelson, confirmó la sorpresiva medida. “No sabemos a dónde la llevan ni para qué”, advirtióAutoridades del régimen venezolano ordenaron el sopresivo traslado de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra detenida en una cárcel común desde diciembre de 2009 por emitir un fallo que contradijo al autócrata caribeño.

En tanto, el abogado de la magistrada, Juan Garantón aseguró “ojalá este traslado sorpresa, se convierta en una grata sorpresa para todos y no que todos quedemos ingratamente sorprendidos”.

“No tengo buenas expectativas que ella pueda acceder a una medida cautelar y no seguir presa duran el proceso de enjuiciamiento”, dijo Garantón

“Aparentemente va a haber un traslado al Tribunal, aunque no se sabe para qué porque ella fue informada ayer a la noche a última hora”, remarcó el hermano de la magistrada.