No olvidamos, como miembros de la Justicia Nacional, los fallos que esta misma Corte dictó declarando inconstitucionales normas que afectaban el funcionamiento equilibrado de los poderes del Estado” sigue el texto de la Asociación sobre el revés judicial que recibió el gobierno por la batería de normas llamadas “democratización de la justicia”. “Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio”.

“La discrepancia puede darse en lo político, en lo social o en lo jurídico, pero no en la aceptación uniforme del valor que la Constitución Nacional otorga a las sentencias del más Alto Tribunal de la República” continúa el texto que fue firmado por Luis María Cabral, presidente de la Asociación de magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional y su secretario general, Gregorio Corach.

Lo anunció el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Entre los 1.500 documentos encontrados en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea figuran también acuerdos entre la cúpula militar y medios de comunicación.

Estaba en un lugar no habitual y los que entraron debieron trabajar con barbijo. por suerte, pudieron recuperar el 99.9 por ciento de lo que estaba ahí”, confió Rossi en declaraciones a C5N al tiempo que admitió desconocer efectivamente desde hace cuánto tiempo los documentos estaban alojados en ese lugar.

Entre los papeles hay “listas negras” con los nombres de 331 artistas, intelectuales y comunicadores perseguidos por la dictadura (entre ellos Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Julio Cortazar, Horacion Guaraní, Víctor Heredia, Rodolfo Puiggrós, Mercedes Sosa y María Elena Walsh); 280 actas secretas originales de la Junta Militar desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 y un plan de Gobierno hasta el año 2000.

Respecto de las “listas negras”, precisó que esas 331 personas figuraban en 1976 mientras que hacia el fin del gobierno de facto el listado se redujo a 153.

Al cumplirse un mes de la intervención se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica”, afirmó Scoccimarro, según el parte de los doctores Facundo Manes y Gerardo Bozovich.

Asimismo, sostuvo que “desde el punto de vista clínico y cardiológico, ha mantenido su evolución favorable, con resultados de estudios de laboratorio normales, y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención”.

Ante la posibilidad de que su exposición resultara inverosímil y de que los miembros de la CIDH no estuvieran de acuerdo con su relato, Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro: “Cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina, una conclusión equivocada por cierto”.

“Ustedes se preguntaran si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos”, preguntó Morales Solá y siguió: “La respuesta es que si”, aunque agregó que los periodistas allí presentes “no trabajan tranquilos”.

En tanto, en representación del gobierno argentino, el subsecretario de Gestión Admnistrativa de la Secretaría de Comunicación, Juan Ross, señaló a su vez que la presencia de Argentina en la audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de expresión que llevó adelante la Comisión, “es una muestra más” al respeto por el “derecho internacional, a esta casa, a la CIDH como valuarte de los derechos humanos”.

El funcionario de la Cancillería aseguró, en ese marco, que el “cúmulo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos contra Argentina disminuyó sensiblemente a partir del año 2003 en adelante”.

Así, el porcentual de participación de peticiones, casos o demandas actualmente en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “promovidas por periodistas que alegan haber sido víctimas de restricciones al libre ejercicio de la libertad de expresión, en sus distintas etapas procesales, es del 1,66 por ciento en total”, aseveró.

Salgado describió a su vez que teniendo en cuenta todos los casos desde el retorno de la democracia hasta hoy, el CIDH tramitó siete casos en total, de los cuales uno de ellos tuvo resultado favorable para el estado argentino – el caso Juan José López – y dos de ellos fueron objeto de una solución amistosa – “Verbitsky” ante la CIDH y “Kimel” ante la Corte Interamericana.

Estos llevaron en reformas normativas de “fuerte impacto” en la región, como ser “la derogación del delito de desacato y la despenalización de las figuras de calumnia e injurias cuando se trate de expresiones relacionadas con asuntos de interés público, yendo mucho más allá de lo dispuesto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Donde estabas Morales Sola cuando desaparecieron 68 periodistas compañeros tuyos? Ni una denuncia de los 500 periodistas ke tuvieron ke escapar para no correr el mismo destino.