El juez Canicoba Corral decidió dejar sin efecto las actuaciones, que llevan el número 3544/13 por inexistencia de delito, aceptando lo expresado en su dictamen por el fiscal interviniente, Miguel Ángel Osorio.

El fiscal asegura que los funcionarios “no han hecho otra cosa que defender, de manera vehemente y como buenos hombres de negocios, su participación como accionistas minoritarios de la empresa”.

“Más ningún acto abusivo se observa. Los temas tratados fueron relevantes, intensos y trascendentes, todos enmarcados en la obligación de los funcionarios”, indica el fiscal.

La Jefatura de Gabinete de Ministros negó hoy que exista precariedad laboral de los agentes del Estado, tal como anunciaron los diarios Clarín y La Nación, y en ese marco se confirmó que el 96% del personal se encuentra en Planta Permanente, Planta Transitoria o contratado bajo el régimen del Artículo 9ª de la Ley 25.164 de Regulación del Empleo Público Nacional.
En ese sentido, el organismo nacional explicó a través de un comunicado que “las últimas dos modalidades garantizan todos los derechos laborales”, y se agregó que desde 2010 hasta la actualidad “se convocaron 3.852 concursos para cobertura de cargos en planta permanente”.

A su vez, se indicó que durante 2012 la Jefatura de Gabinete autorizó la cobertura de 5.000 vacantes, “constituyéndose en la apertura de concursos más importante desde el retorno de la democracia”.

De esta manera, la dependencia a cargo de Juan Manuel Abal Medina salió al cruce de la publicación de ayer en los diarios Clarín y La Nación que, en artículos prácticamente idénticos, realizaron un diagnóstico “absolutamente sesgado y plagado de inconsistencias respecto a las condiciones del empleo público durante los últimos diez años”.

En ese marco, desde Jefatura se evaluó que “por supuesto, no es la primera ni será seguramente la última vez que los medios que representan el monopolio comunicacional desinformen a coro a la ciudadanía”.

Los medios paraguayos y el cambio de tapas al comparar la violencia contra la presidencia de Lugo, la familiaridad con Federico Franco y el apoyo a la campaña electoral donde triunfó Horacio Cartes. O Globo, como emblema de la oposición en Brasil, y sus dardos contra Lula primero y contra Dilma después. El grupo Edwards chileno, con El Mercurio a la cabeza, y sus amoríos con las decisiones neoliberales del presidente Sebastián Piñera y el horror ante el apoyo del PC a la candidatura de Michelle Bachelet. La blogósfera cubana, Prensa Latina y el Granma dentro de la isla, y los medios que desde Miami aprovechan toda oportunidad para atacar al régimen. Los grupos mediáticos de Ecuador ligados a los grandes bancos con su campaña sin fin contra el presidente Rafael Correa, incluido el intento de golpe de Estado. Venezuela azorada por los conceptos con que Venevisión estigmatizó la gestión de Hugo Chávez (crítica que endurecieron aún más, como si eso fuera posible, durante la agonía del presidente), levantó la figura de Capriles y pide de manera desaforada la renuncia de Nicolás Maduro por considerar que su triunfo fue fraudulento

Paraguay, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Uruguay, Venezuela: cuáles son los motivos para que los medios hegemónicos ataquen o defiendan a los gobiernos de la región.

Todos los días puede leerse la desinformación sobre Latinoamérica por parte del diario El País. Es ya una norma que el grupo Prisa levante las operaciones de los diarios que se han convertido en órganos opositores de gobiernos populares votados por grandes mayorías en Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, etc. Sin importar lo burdas de esas operaciones, El País alimenta a sus lectores con pescado podrido a diario de aquellos empresas corporativas de medios que casualmente son socias comerciales del grupo Prisa.

¿Qué nos haría pensar que no hacen lo mismo con otros países del mundo? Hablan de Irán y mencionan a un todo desencantado, “la población”, como algo unánime. Ya sabemos como es. Más pescado podrido, en este caso, caviar persa. Sobre todo viniendo de Ángeles Espinosa, que tanta tinta cagó contra Chávez.

La medida adoptada por el juez en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy frena así la aplicación del decreto que el lunes obtuvo dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, luego de la presentación realizada por los legisladores Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Form.

Pero los cuestionamientos al DNU que, con la excusa de defender la libertad de prensa, busca proteger al Grupo Clarín, no solo provinieron de NE sino del conjunto del arco político. El jefe de bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, fue uno de los primeros en considerarlo como “un mamarracho, una vergüenza constitucional, no sirve de nada analizarlo”.

Par el legislador, el decreto que ahora frenó la justicia tiene como objetivo “seguir los lineamientos de Magnetto y el Grupo Clarín. Ustedes están defendiendo a un monopolio”, le recordó el legislador a los miembros del Pro.