Se reestructuró la deuda, se llamó a todos los involucrados y el 93% aceptó. Fallar a favor de los fondos buitre es vulnerar un derecho de los que entraron al canje y respetar a los que se movieron con fines especulativos”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino el economista Mario Rapoport. En esta línea, señaló que carece de sentido que los hold outs cobren mucho más que los bonistas que negociaron con el Estado nacional, y advirtió sobre las serias consecuencias que puede tener un antecedente de tales características a nivel mundial.

Rapoport llamó a “luchar hasta el final para evitar que obtengan lo que quieren” y analizó que hay sectores incluso dentro de los Estados Unidos en los que el país se puede apoyar, como por ejemplo la Reserva Federal. La cuestión, entonces, pasa también por el poder de presión que puedan ejercer quienes se mueven con mayor cercanía al Poder Judicial del país que preside Barack Obama. “Argentina sirve de guía para otros países que pueden avanzar en reestructuraciones de deuda o quieren evitar planes de ajuste. Es por eso que hay sectores del sistema financiero internacional que quieren castigarla. Es una cuestión de principios y soberanía, no hay que aceptar de ningun manera esa presión”,

“Estas prácticas han sido denunciadas por los profesionales mediante escritos dirigidos al Consejo de Informativos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto, ha analizado las quejas y antes de adoptar cualquier otra iniciativa, ha intentado mediar ante la dirección de Informativos”, añade.

En respuesta a la nota del Consejo de Informativos, Jenaro Castro ha asegurado que “no es un comunicado profesional sino una estrategia política” y ha negado “rotundamente” haber tomado decisiones arbitrarias en torno a los trabajadores de Informe semanal.

Hasta ahora, más de 260 profesionales han suscrito una carta en apoyo a los afectados y en contra de las presiones “que menoscaban la labor y el buen hacer profesionales”. Además, piden que se respeten “los principios profesionales y las reglas del juego del periodismo independiente”.

Y señalan que lejos de intentar corregir la situación, la dirección ha optado “por una práctica intimidatoria hacia los profesionales que han decidido defender el Estatuto y la libertad de información”.

Desde la aprobación de la ley de 2006, que supuso la desgubernamentalización de la televisión pública, y el Estatuto de Información, nunca se habían producido este tipo de prácticas contra los profesionales de TVE, según el Consejo de Informativos.

El único elemento extraño con relación a la ley de medios es que se haya demorado tres años su aplicación. Y eso demuestra el poder de lobby y presión de una empresa de capital concentrado y confirma la necesidad de que esa ley se aplique. Un grupo que tiene esa capacidad de operar sobre jueces, al punto de demorar la vigencia de una ley que fue aprobada después de largos debates en la sociedad y en el Parlamento, es contradictorio con el funcionamiento de la democracia. Porque lo peor de todo es que puede operar sobre los jueces y provocar esa demora a plena luz del día, mientras trata de convencer a la sociedad que lo normal es que las leyes no se apliquen o que los jueces tienen más autoridad que el Congreso.

Porque no se trata de una empresa común, por más concentrada que sea. Se trata de un megamultimedio que genera significados sobre lo que sucede en la realidad. Entonces, además de una posición dominante en el mercado, tiene la capacidad para convencer a una buena parte de la sociedad de que esa situación es normal. Puede naturalizar la anomalía y convertir en piropo al exabrupto.

Si el fallo del juez Thomas Griesa se aplicara, sentaría un precedente que impediría a los países reestructurar sus deudas soberanas. En el caso argentino, si no reestructuraba su deuda hubiera sido imposible que la economía pudiera salir del infierno al que la habían llevado los gobiernos anteriores. Es decir, aquellos que habían tomado deuda, de la dictadura en adelante. Con esa cruz de plomo no alcanzaba con la soja ni con los precios altos de los commodities. Argentina seguiría sumida en una crisis eterna, con la mayor parte de su población en la miseria, incluida gran parte de la actual clase media. Muchos de los comerciantes y profesionales que cacerolean, y muchos de los trabajadores que despotrican por el impuesto a las Ganancias, en gran parte deben su prosperidad a esa reestructuración que hizo Néstor Kirchner de una deuda que él no había contraído.

En los fundamentos de su fallo, el juez Griesa se basó en “declaraciones inflamadas” de altos funcionarios a medios de comunicación de que no pagarían ni un solo dólar a los fondos buitre. Parece hecho a propósito, como si fuera un capricho del destino que esa frase relacionada con los medios esté en el corazón de este embrollo con proyección internacional que tiene a la Argentina como protagonista. El tema “medios” se ha convertido en una marca nacional, la marca de la polémica.

Es difícil saber cuál habrá sido la intención del juez Griesa al basarse en parte en los medios para elaborar su fallo contra la Argentina y a favor de los fondos buitre. A esta altura, cualquier mención a los medios despierta susceptibilidades, aunque en este caso no vaya más allá de la mención. Pero, al mismo tiempo, esa alusión a los medios da un aire descuidado a la resolución de Griesa, como si hubiera sido hecha sin esfuerzo ni demasiada rigurosidad.

La presidenta Cristina Fernández sostuvo que “este modelo político no empieza ni termina, debe ser institucionalizado” con ella e instó a los trabajadores y a sus representantes sindicales a sostener las políticas que han logrado duplicar a la clase media. Además, propuso a los que critican las asignaciones universidades “que vayan a vivir por un mes” la vida de los que la cobran.