Una apretada síntesis de los escándalos que estallaron durante la gestión de Fernández en Quilmes daría el siguiente resultado:

-alquiló por 36 meses las instalaciones de una vieja clinica para destinarlas a los Tribunales a un precio similar al de su compra -$ 792.000-;

-impulsó y obtuvo el nombramiento como juez del último intendente de Quilmes durante la dictadura militar;

-contrató los servicios de una empresa que entregaba comida con materia fecal a los empleados del área de salud del municipio. Cuando se descubrió el condimento de las viandas no suspendió el contrato;

-pagó 720 mil dólares anuales en la telefonía celular del municipio, el doble de lo destinado a Acción Social y la mitad de presupuesto de Salud; a uno de los directores técnicos del club Quilmes, incluso, le cedió un Movicón —411 0821— de la intendencia;

- citó a cien mil contribuyentes -entre ellos jubilados, exentos, entidades de bien público e incluso vecinos con las cuentas al día-, para que demuestren que no mantenían deudas con la comuna;

-privatizó de modo ilegal la cobranza de deudas municipales. Los estudios beneficiados iniciaron 12 mil juicios de apremio y en muchos casos los honorarios superaban la deuda. Etcétera.
De ese raíd —cuando un funcionario judicial tocó a su puerta— Aníbal pasó a la clandestinidad. Pidió garantías desde su quinta en Florencio Varela, donde pasó el breve exilio interno.

El contador Aníbal Fernández llegó en diciembre de 1991 a la municipalidad de Quilmes con promesas de alto vuelo poético: – La justicia estará omnipresente en cada acción de gobierno. (..) Vamos a poner las bases de un municipio austero y eficaz, que sirva de marco para un distrito dedicado a la producción y el trabajo. (..) Y se detectará a toda persona que haga negocios con los dineros públicos.
Cuatro años después se retiró por la puerta de atrás del edificio municipal,ESCAPANDO EN EL BAÚL DE UN AUTO. Lo dejó con una deuda de 11 millones de dólares, un déficit de 1.400.000, un incremento en los tributos del 40 por ciento, y apenas 200 mil dólares en la cuenta bancaria, según el balance que hizo su sucesor (justicialista como él).
Nunca se sabrá si los fueros que le otorgó su banca fueron la razón de su libertad ambulatoria. Pero esas denuncias que no pudo desmentir lo pusieron en fuga de la Justicia.
Los diarios publicaban con letras mayúsculas:
ORDEN DE CAPTURA PARA EL INTENDENTE DE QUILMES
EL JUEZ ORDENÓ DETENER AL INTENDENTE Y A DOS DE SUS SECRETARIOS
SIGUEN BUSCANDO AL INTENDENTE QUILMEÑO

Pero lo que le da todavía mayor entidad a la crisis que envuelve a la cúpula del poder es el hecho de que, a partir del arbitrario desplazamiento por parte de Garré de funcionarios policiales que ocupaban cargos sensibles en la lucha contra el narcotráfico, no sólo se ensanchó el abismo entre la Policía Federal y el gobierno, sino que se resintieron seriamente los mecanismos de cooperación internacional en ese tema. Prueba de ello es la desconfianza puesta de manifiesto por las autoridades españolas y por la DEA a partir del hecho de que, pese a conocer éstos con antelación el vuelo con la droga, optaron por interceptar al avión en Barcelona y no en Buenos Aires, lo que indica una desconfianza superlativa hacia el gobierno argentino.

La creciente tirantez entre mandos de la Federal y la Bonaerense con la cúpula del Ministerio de Seguridad estaría generando un clima de tensión sembrado de mensajes encriptados, como el misterioso robo de los viáticos para la gira presidencial.

En una residencia de Punta del Este tuvo lugar pocos días atrás una cumbre de empresarios y políticos de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Colombia para analizar la situación regional y, en particular, la crisis argentina.

Entre los 30 presentes se encontraban, por ejemplo, el ex presidente oriental Luis Alberto Lacalle y el empresario argentino Santiago Soldati. En la extensa reunión hubo coincidencia en que el agravamiento de la situación política argentina, de producirse, podría tener fuerte incidencia en el marco regional. Como es comprensible, los análisis se enfocaron sobre todo en la particular situación de KRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNERcuya casi inactividad pública se prolonga desde casi tres semanas atrás, mientras se afirman los rumores acerca de su estado depresivo, enmarcados por el pronunciado descenso de su intención de voto, el indisimulable fracaso de la nueva política de seguridad de la ministro Nilda Garré y la aparición de un caso de narcotráfico que compromete directamente al Estado Nacional a través de un red de complicidades y omisiones que involucran a la Fuerza Aérea, la Aduana y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) entre otros organismos.

La gira por Medio Oriente, sin objetivos de Estado muy claros, sería la forma que habría encontrado el canciller Héctor Timerman para mantener a Kristina fuera de la agenda de trabajo y estirar un tiempo más su ausencia, hasta que se defina su cuadro de salud.

Este escándalo político indicaría asimismo que el crimen del Unicenter no fue debidamente investigado.
Los hermanos Juliá fueron protegidos desde la Jefatura de Gabinete y la justicia provincial. Si se hubiera investigado en el 2009 y 2010 el accionar de Medical Jet, ésta no hubiera transportado la tonelada de cocaína. Por ahora también está abierta la incógnita sobre la propiedad del avión, es decir, si pertenencía a un cartel colombiano o mexicano o lisa y llanamente a funcionarios argentinos vinculados al gobierno kirchnerista. De ahí las revelaciones de WikiLeaks sobre la tolerancia argentina al tráfico de drogas y sobre el lavado de dinero proveniente de tan oscuro negocio.

Un tema que está claro es la sociedad de los altos mandos de la Fuerza Aérea con la familia Yabrán, y particularmente con su empresa de taxis aéreos Royal Class, en uno de cuyos aviones habrían llegado llegaron al país los 6 millones de dólares provenientes de Venezuela para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el 2007. La causa en la que se investigan estos hechos está cajoneada en la justicia por el Juez en lo Penal Económico Daniel Petrone. Una suerte similar le está tocando al expediente donde se investiga el tráfico de cocaína a España en los aviones de la empresa Southern Winds, en el que estuvieron implicados un comodoro y su hijo. Es decir que ya son varios los casos en los que coinciden el narcotráfico, los mandos de la Fuerza Aérea y la protección política del kirchnerismo.

El Challenger Bombardier 604 permaneció solamente 40 minutos en la isla Sal de Cabo Verde. Por lo tanto, no hubo tiempo allí de cargar en el avión con la tonelada de cocaína decomisada en Barcelona. No queda a esta altura duda alguna acerca de que la carga delictual se pudo haber hecho en Morón, el Palomar o Ezeiza, por lo cual la responsabilidad es de la cúpula de la Aeronáutica, por un lado. Pero también les cabrían responsabilidades penales tanto a Alejandro Granados (h.), Director de la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil), como a Juan Pablo Schiavi y Julio de Vido, Secretario de Transporte y Ministro de Planificación, cuya obligación de hacer funcionar los controles no se cumplió.

ROBARON 360 mil pesos sustraídos de la Tesorería de la Secretaría General de la Nación por el funcionario Rodolfo Stefanon, empleado de la Agrupación Aérea de la Casa Militar de la Presidencia, quien en el trayecto de ese organismo hasta su domicilio particular habría sido asaltado por dos “motochorros”, quienes a punta de pistola se llevaron el dinero que este cargaba en una mochila.
-¿Por qué Cristina Fernández lleva dinero en efectivo para sus viajes protocolares? ¿Por qué tanto dinero para un viaje con una “comitiva reducida”, tal como se informó oficialmente?

-¿No es mejor reemplazar la utilización de dinero para viáticos con transacciones bancarias, tarjetas o cheques para actividades como éstas?

-¿No es inseguro que un funcionario busque personalmente 360 mil pesos y los cargue en una mochila?

-¿Por qué Stefanon se dirigió hasta su domicilio particular con tanta cantidad de dinero y no hacia un edificio oficial?

- Si Stefanon iba acompañado por un custodio, ¿por qué no actuó éste ante el asalto?

- ¿Por qué eligieron a un hombre con tan poca experiencia (Stefanon sólo había trabajado para pequeñas empresas) para transportar tanto dinero?

-¿Coordina con (el ministro de Trabajo bonaerense Oscar) Cuartango los operativos?

-Sí, Cuartango es uno de los pocos que cuando les pedís inspectores te los provee. Recordemos que el Gobierno nacional no opera directamente en el territorio, sino que tiene un convenio con el Consejo Federal del Trabajo, que lo integran los Ministerios y Secretarías de Trabajo de todas las provincias. Y hay algunas que no tiene inspectores y uno se pasa 300 kilómetros y no encuentra ni una subsecretaría.

El Estado cuando dice que no tiene dinero para pagar el 82% móvil, si hiciera políticas de Estado y pasara el 45% del trabajo en negro a trabajador activo, tendría ese dinero.

-¿Dice que el gobierno se desentiende del trabajo en negro en el campo?

-No se desentiende, pero no tiene políticas de Estado para erradicar el trabajo infantil y la mano de obra indocumentada. No puede ser que después de siete años siga habiendo trabajos tercerizados y cooperativas truchas. El Gobierno debería exigir a todas las provincias que tengan inspectores disponibles para hacer relevamientos. (…)”.