Nunca el sector público nacional dispuso de tantos recursos como en la actualidad.
Pero la mayor parte de estos recursos son destinados al sostenimiento de actividades no estratégicas o directamente a alimentar burocracia, clientelismo y corrupción. Sólo de esta manera se explica que, con semejante aumento del gasto público, la población no disfrute ni de más ni de mejores servicios públicos y que se sigan postergando las inversiones fundamentales para el desarrollo económico y social.
El Estado cuenta con un nivel inédito de recursos, pero sigue la decadencia, la distribución del ingreso no mejora y la pobreza –bien estimada– es muy alta. Esto testimonia que la violación a la independencia del Banco Central es apenas un derivado más de un problema de fondo: la caótica desorganización del sector público.
Por eso, de cara al Bicentenario es crucial refundar el Estado volviendo a los principios que fija la Constitución Nacional.
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Los datos señalan que en la década de los ‘90 el gasto público real creció sistemáticamente por encima de los ingresos. El proceso se sostuvo transitoriamente con endeudamiento voluntario en el mercado de capitales, proceso que finalmente desemboca en la crisis del 2002.
Pero el incremento de ingresos se agota en el 2009.
Que se haya decidido usar parte de las reservas para financiar el gasto público no debería causar sorpresas. Si con este mismo objetivo previamente se apeló a declarar el default de la deuda publica, a devaluar para licuar jubilaciones y salarios, a no respectar la movilidad de las jubilaciones, a llevar al extremo las distorsiones tributarias, a ignorar principios básicos de federalismo fiscal, a distorsionar las estadísticas del INdEC y a apropiarse de los ahorros previsionales, era precedible que la apropiación de las reservas se iba a producir.
La sucesión de violaciones institucionales y la apropiación de las reservas tienen como principal finalidad financiar una dinámica fiscal insostenible.
Más allá de las aristas legales, políticas y personales que se movilizan en torno a la crisis del Banco Central, el problema de fondo es el desorden de las cuentas públicas.
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Ante la negativa, se sancionó un segundo decreto de “necesidad y urgencia” desplazando al presidente del Banco Central y así forzar la implementación del primer decreto. Es el Congreso Nacional el que debe estipular el destino de las reservas y la remoción del presidente del Banco Central, pero el Poder Ejecutivo avanzó con la iniciativa argumentando “necesidad y urgencia”, recurso que también está avalado por la Constitución.
Objetivamente, ¿Se enfrenta una situación de “necesidad y urgencia” que justifica perseverar en una iniciativa que ha desencadenado una crisis institucional grave con facetas grotescas?
Para responder a este interrogante sirve analizar la evolución de los ingresos y gastos del sector público nacional medido en términos reales, o sea corrigiendo por inflación.
Según el Ministerio de Economía se observa que:
Entre 1993 y 1999, los ingresos reales del sector público crecían a una tasa promedio anual de 5,4% mientras que el gasto público lo hacía al 8,2% anual.
Entre 2002 y 2008, luego del default, megadevaluación y pesificación compulsiva, los ingresos públicos pasaron a crecer al 16% anual y el gasto público al 13,4% anual.
A noviembre del 2009 los ingresos públicos reales crecen sólo al 3,8% mientras que el gasto público real crece al 16,8% interanual.
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El Instituto para el Desarrollo Social Argentino expresó la sospecha colectiva: el dinero del Fondo del Bicentenario resulta, en verdad, una financiación del gasto público doméstico aplicando reservas del Banco Central. Y el precedente de 2010 le sirve a los Kirchner para el gasto electoral 2011, cuando se necesitará mucho dinero ya que ellos no saben ‘hacer política’ sino gastar dinero público con objetivos políticos.
La intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el Banco Central constituye apenas un eslabón más dentro de una larga cadena de rompimientos institucionales cuya principal finalidad es prolongar el insostenible crecimiento del gasto público.
Agotada la posibilidad de seguir expandiendo la presión tributaria con impuestos altamente distorsivos y apropiados los fondos de las provincias y los ahorros previsionales, era previsible la “necesidad y urgencia” de apelar al financiamiento del gasto público con las reservas del Banco Central.
El Poder Ejecutivo sancionó en diciembre del año pasado un decreto, que modifica una ley aprobada por el Congreso, ordenando al Banco Central la conformación del Fondo del Bicentenario y colocar allí parte de las reservas para financiar al Tesoro Nacional.
Frente a esta apropiación, la presidencia del Banco Central se opuso bajo el argumento de que el instrumento utilizado –un decreto de “necesidad y urgencia”– no es legalmente idóneo para ejecutar esta acción.
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La Jueza denuncia presiones y advierte que el Gobierno recién puede apelar el lunes.
La magistrada que restituyó a Martín Redrado al frente del Banco Central denunció que hay un patrullero en la puerta de su casa a pesar de que ella no pidió custodia.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, denunció hoy que hay un patrullero en la puerta de su casa a pesar de que ella no pidió custodia, dijo sentirse presionada por este hecho y le contestó al Gobierno, que sostenía que estaba desaparecida y no podía apelar su decisión de restituir a Martín Redrado al frente del Banco Central, que “todos saben dónde vivo y dónde trabajo”, al tiempo que advirtió que el Ejecutivo recién podrá recurrir su decisión a primera hora del lunes.
La doctora Sarmiento anticipó, además, que el amparo que firmó a favor de Redrado deberá ser analizado por la Corte Suprema de Justicia, la que deberá avocarse al tema una vez que la Cámara Federal se lo eleve, probablemente el mismo lunes.
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La presidente, su esposo, los ministros y su entorno, debieran leer por lo menos, dos cosas: la primera y fundamental, es la Constitución Nacional, donde además de los derechos y garantías constitucionales, aparecen las obligaciones del Poder Ejecutivo, etc, y también aparecen las bases que hay que tener en cuenta de cual es el tipo de economía que hay que buscar para desarrollar el país. Y el otro libro sería, aunque más no sea, un manual de economía política para que aprendan que los mercados existen, y seguirán existiendo, aunque ellos no lo quieran entender. Mercado, solo significa muchos compradores y muchos vendedores. Sería interesante que aprendieran por lo menos como funciona la oferta y la demanda, como se forman los precios, etc. y por supuesto qué es la moneda, cómo cuidar su valor.
Atte.
Santiago.
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A propósito del escándalo por el pedido de renuncia del titular del Banco Central, Martín Redrado, un UR recomienda a los Kirchner leer dos libros: la Constitución Nacional y un manual de economía política.
CARTA DE UN LECTOR DE UN DIARIO:
Sr. Director:
La ignorancia de la que hacen gala Boudou, D’ Elía y cía, no es fácil de igualar.
En primer lugar, es obligación del Banco Central como función principal cuidar el valor de la moneda; lo que no se ha hecho, y se la seguirá destruyendo, porque no hay forma de financiarse del exterior, y por lo tanto habrá que hacer funcionar la maquinita, creando dinero espurio.
Por otra parte, ya que el profesor D´Elía habla de soberanía, sería bueno que se enterara que la moneda de un país es parte de la soberanía de ese país.
Todavía el gobierno de los Kirchner, como el de Duhalde, no sabe cómo funciona la oferta y la demanda. Ellos la ven desde un solo lado. Se piensan que si liberan mayor cantidad de dinero (con menor valor) a la calle, la gente va a consumir más.
Pero no se dan cuenta que quien tiene para vender siempre la misma cantidad de cosas (la oferta) supongamos 10 kgs de manzanas, y existen tres comparadores, es un precio; pero si tengo siempre 10 kgs de manzanas, y tengo 100 compradores, el precio se dispara hacia arriba. Esto ha pasado por ej. con la carne, la leche, y otros tantos productos.
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La presidenta argentina destituyó ayer al titular del Banco Central mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, un procedimiento excepcional que en cien años fue utilizado en contadas ocasiones y del que el antecesor y marido de la actual mandataria hizo un método normal de Gobierno, para evitar que sus iniciativas pasaran por el Congreso.
Luego ignoró a las Cámaras y no envío esos decretos en el tiempo que marca la ley para su ratificación. “Es que el Congreso no nos pide esos decretos”, se justificaba alguno de los ministros de Néstor Kirchner.
Ahora, la ley dice que Redrado debería haber sido destituido previa consulta al Congreso, pero la presidenta ha estimado que es una necesidad de Argentina el que Redrado abandone su puesto, sin necesidad de escuchar al poder Legislativo. “El Congreso está de vacaciones”, es la excusa.
¿Y por qué hay que destituir al presidente del Banco Central? Sobre la firma de la presidenta y sus ministros está la razón: “mala conducta”. Redrado se había parapetado tras la ley para negarse a cumplir una polémica medida económica (otra) de los Kirchner, quienes consideran que poner la ley por encima de la voluntad presidencial es portarse mal. Independientemente de lo que diga el Congreso.
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Un análisis viene del otro lado del océano atlántico, de países no presidencialistas, donde no se explican cómo para los Kirchner “portarse mal” es no atenerse a la ley y pasar por sobre la voluntad del Congreso.
MADRID, ESPAÑA (El País).- Una de las características de la gestión de los Kirchner ha sido la minusvaloración constante del Congreso de la Nación Argentina. Es cierto que tanto Néstor como Cristina Kirchner fueron elegidos por el voto directo de los argentinos, pero también el Congreso fue elegido del mismo modo y con la misma legitimidad.
Los Kirchner desconfían del Congreso a pesar de su fuerza en él. No en vano fue el Congreso quien votando en contra de las retenciones al sector agrario infligió la derrota más dura al proyecto económico del matrimonio presidencial.
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María José Sarmiento dictó una medida cautelar que suspende el decreto 2010/09, por el cual la presidente Cristina de Kirchner dispuso utilizar las reservas del Banco Central (BCRA) para el pago de deudas.
La medida cautelar fue pedida en 2 presentaciones, una hecha por PRO y por la Coalición Cívica, a fines de diciembre, y otra promovida por la UCR, anteayer.
La jueza no se expedió sobre la constitucionalidad del controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU), pero sí suspendió su aplicación hasta que el Congreso pueda reunirse.
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La jueza María José Sarmiento falló a favor del pedido de no innovar presentado por diputados nacionales opositores, habilitando el recurso de amparo presentado por Coalición Cívica y PRO. Se le complicó el Fondo del Bicentenario a los Kirchner. La jueza ya está notificando al Banco Central y a los demandantes. Cristina de Kirchner prepara su apelación.
Por lo tanto, las reservas del Banco Central no pueden movilizarse. El Fondo del Bicentenario no puede ser alimentado con el dinero de las reservas del Banco Central.
Ahora, los Kirchner, vía la Procuración del Tesoro tendrán que presentar su apelación ante el fallo.
Pero el fallo de la jueza Sarmiento resulta un respaldo notable a la posición de Martín Redrado, quien se apresta a presentar su recurso de amparo ante el decreto de remoción como presidente del Banco Central que firmó Cristina de Kirchner.
El fundamento de la remoción es la negativa de Redrado a movilizar las reservas hacia el Fondo del Bicentenario. Redrado afirmó que no podría hacerlo con una cuestión legal pendiente y el pronunciamiento legislativo sin haberse conocido.
Ahora hay un fallo judicial que respalda la posición de Redrado.
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La falta de reacción social, permitirá que don Néstor siga golpeando a la República hasta terminar de destruirla.
Nos queda, a los argentinos, el recurso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá hacer todos los per saltum del caso para salvar a la República, pero cabe recordar a ésta qué hizo, durante los años en que fue Gobernador de Santa Cruz, Kirchner con la sentencia del máximo Tribunal que ordenó la reposición en su cargo del Procurador General Sosa. Aún hoy, cuando han pasado casi quince años, el actual Gobernador, Peralta, sigue inventando verdaderas chicanas para no acatarla.
El tirano de Olivos dejará una tierra arrasada y minada a su sucesor, prolongando la agonía de una Patria ya exhausta.
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Redrado (Presidente del Banco)se puso los pantalones contra el salvaje saqueo de las reservas nacionales que, a partir de mañana, el tirano de Olivos consumará. Además, como los argentinos nos caracterizamos por nuestra mala memoria, hoy don Néstor es posible que haya inventado un nuevo, al menos, vicepresidenciable.
Más grave aún es que ha transformado las reservas de la Nación, que pertenecen a los ciudadanos como respaldo de su moneda y de las obligaciones asumidas por el propio Banco Central, tal como fue el argumentado correctamente para evitar su embargo, en pertenencia del Gobierno, con la cual se producirán infinitas demandas, en todo el mundo, en pos a incautarlas.
Hoy, al firmar el nuevo DNU que despide al Presidente del Banco Central, don Néstor pagó nuestro pasaje a Caracas, con escala en Honduras.
Hizo que su Chirolita convocara para ello, y por primera vez en seis años de régimen K, al Gabinete de Ministros, con el único fin de hacer que todos ellos, incluso algunos que no llegaron a tiempo porque se encuentran de vacaciones, estamparan su firma en un papel que se constituirá, a poco de andar, en una causa penal contra doña Cristina, don Aníbal y el resto de sus cómplices en varios delitos, tales como incumplimiento de los deberes de funcionario público, usurpación de funciones y derechos y hasta falsedad ideológica, puesto que figuran firmas de bandidos que no estaban en la Casa de Gobierno.
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La Presidente, desconociendo la ley y mediante un decreto de necesidad y urgencia, ordenó al señor Redrado transferir, a una cuenta de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo, el 15% de las reservas de la Nación, y lo hizo cinco -¡sí, cinco!- días después de que el Congreso, órgano natural y constitucional de gobierno de tales reservas, entrara en receso de sesiones ordinarias; además, tampoco convocó a extraordinarias, como también previmos después de la derrota sufrida por el oficialismo el 28 de junio.
-Lo primero que llama la atención del instrumento utilizado es su característica de “necesidad”. La realidad es que no era, en absoluto necesario, toda vez que la Presidente podía reunir de urgencia a la comisión bicameral e, inclusive, a los plenarios de ambas cámaras.
-El segundo aspecto consiste en que tampoco era una “urgencia”, puesto que el invocado argumento de pagar a los acreedores externos este año no se corresponde con el hecho de que tales vencimientos se producirán sólo a partir de agosto de 2010.
Más allá de eso, tampoco se dignó explicarnos doña Cristina por qué, si el Presupuesto Nacional para el ejercicio en curso ya preveía el pago de esas obligaciones, debían duplicarse los fondos destinados a ello.
El también inefable -¡cuántos hay en el Gobierno actual!- Viceministro de Economìa, don Felletti, fue absolutamente sincero dìas atrás cuando, a través de un comunicado “personal”, reconoció que era para sostener la expansiòn del gasto pùblico.
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Juicio Político a Cristina
En ese contexto, el abogado constitucionalista Félix Loñ advirtió que con el nuevo decreto a través del cual la Presidenta de la Nación removió del cargo a Martín Redrado, Cristina Kirchner sostuvo que con esa medida Cristina se arriesga a ser pasible de un “juicio político”.
En declaraciones periodísticas, Loñ sostuvo que Martín Redrado “debería pedir una acción de amparo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”. Lo mismo expresó lza diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió
“Estoy harto de aguantar el atropello de este matrimonio presidencial que ya nos tiene a los argentinos cansados -estalló-. Siempre generan atropellos”, sostuvo para agregar luego que “nunca he visto un Congreso tan relegado en su gestión como el de la era Kirchner”.
Loñ dijo que los Kirchner se manejan como lo hacían en Santa Cruz y puso como ejemplo el caso del procurador de esa provincia Eduardo Sosa que el entonces gobernador Néstor Kirchner destituyó y por el cual la Corte Suprema recomendó varias veces su restitución.
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