Ayer (08/11) la presidente, como es su costumbre, pidió que los diarios estuvieran disponibles bien temprano en la residencia Los Sauces, aunque para ello tuvieran que mover una de las tantas máquinas con que cuenta Presidencia.
Luego de sortear el bloqueo de los camioneros y los intentos por sacarlos de circulación, los diarios del día domingo salieron a la calle y en Aeroparque se aprestó el canillita más caro del país: el F-28. En una camioneta polarizada llegaron los ejemplares que partirían a El Calafate; se cargaron a bordo del Tango 03 y en poco tiempo, sin más pasajeros que los periódicos, partió con rumbo a la residencia K.
Alrededor de las 09:30 arribó a El Calafate, allí los atentos secretarios del matrimonio esperaban la prensa que inmediatamente llevaron a la residencia Los Sauces, mientras el viejo Fokker decolaba con rumbo a Río Gallegos para “esperar órdenes”.
A las 11:00 el Tango 03 tomó pista en el Aeropuerto Piloto Fernández y fue ubicado discretamente en la zona de hangares, mientras una centena de metros más allá, sobre el playón de embarque, descansaba el Tango 01, nave emblemática de la presidente que siempre reposa en Gallegos hasta que es llamado para cumplir con su delicada tarea de traer y llevar a la primera mandataria y su familia, de aquí para allá.
Allí permanecieron las máquinas del inventario presidencial hasta que a las 18:05 el T-01 puso rumbo a El Calafate donde llegó, embarcó a la pareja presidencial y rumbeó para Capital.

es muy bueno el articulo,hay que enterarse de los chanchuyos de esta gente. Son todos los “politicos” iguales.

Con intereses y al tipo de cambio de mercado, esa suma ascendía en julio de 2007 a 2.388.480 pesos. El 10 de agosto, De Narváez entregó 200.000 pesos a cuenta, lo cual marca el tipo de relación establecida entre el filántropo colombiano y la entidad que hoy apoya su lanzamiento político.

En 1995, la confusión entre una asociación
civil sin fines de lucro y una sociedad
comercial.
A partir de 2004, la Sociedad Rural es
tomada de rehén por un nuevo patrón,
que se queda con el usufructo total del
predio de Palermo y la subordina a sus
fines políticos.

Durante la asamblea el ex presidente de Zavalía fustigó el acuerdo con De Narváez: “La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades”, advirtió. Agregó que la Sociedad Rural ya había perdido por la asociación con Ogden un predio en Del Viso de 25 millones de dólares. “No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío”, le respondió Miguens. Los socios, desorientados, aplaudieron a ambos. Las obras siguen paralizadas hasta hoy, porque la Legislatura de la Ciudad y varios jueces no han autorizado la rezonificación. Sobre la parcela de la calle Darregueira, separada del predio original, sólo se han podido construir edificaciones de oficinas. En 2005, incluso, el juez contencioso administrativo Roberto Gallardo, objeto de la ira de sucesivos jefes de gobierno, clausuró todo el predio de la Sociedad Rural porque cuando fue a verificar la denuncia de un vecino sobre el pozo convertido en un criadero de ratas y mosquitos, descubrió que no contaba con la habilitación municipal definitiva. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo. Ibarra lo amenazó con juicio político y Macri intentó quitarle las 400 causas que llevaba, en ambos casos en vano.

Durante la asamblea el ex presidente de Zavalía fustigó el acuerdo con De Narváez: “La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades”, advirtió. Agregó que la Sociedad Rural ya había perdido por la asociación con Ogden un predio en Del Viso de 25 millones de dólares. “No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío”, le respondió Miguens. Los socios, desorientados, aplaudieron a ambos. Las obras siguen paralizadas hasta hoy, porque la Legislatura de la Ciudad y varios jueces no han autorizado la rezonificación. Sobre la parcela de la calle Darregueira, separada del predio original, sólo se han podido construir edificaciones de oficinas. En 2005, incluso, el juez contencioso administrativo Roberto Gallardo, objeto de la ira de sucesivos jefes de gobierno, clausuró todo el predio de la Sociedad Rural porque cuando fue a verificar la denuncia de un vecino sobre el pozo convertido en un criadero de ratas y mosquitos, descubrió que no contaba con la habilitación municipal definitiva. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo. Ibarra lo amenazó con juicio político y Macri intentó quitarle las 400 causas que llevaba, en ambos casos en vano.

Esos honorarios no fueron pagados por La Rural de Palermo SA sino por la Sociedad Rural Argentina y constan en sus libros como anticipos. El peritaje presentado por Cassini en el juzgado dice que “con ese mecanismo se da el curioso hecho de que una entidad sin fines de lucro aparece financiando a una sociedad que tiene por fin lucrar con el usufructo de un bien de su propiedad y que tiene como directores rentados a algunos de sus socios, cuyos honorarios son financiados mediante los aportes de sus consocios, que son los que sostienen a la entidad sin fines de lucro”. El balance fue aprobado por 120 a 44 votos y 6 abstenciones, luego de que el socio Lorenzo Donnelly recriminara la existencia de pactos de confidencialidad invocados para no entregar la información solicitada por muchos socios. Una de las groseras irregularidades denunciadas es que el mismo contador Eduardo Del Piano es auditor de la Sociedad Rural y síndico e integrante de la comisión fiscalizadora de Ogden Rural. En su primer rol dictaminó que las negociaciones para cancelar la deuda hipotecaria estaban bien encaminadas. Pero como síndico de Ogden Rural afirmó que de no llegarse a un acuerdo de refinanciación el Estado Nacional podría ejecutar el predio ferial de Palermo.

“Esto hace imposible que la Sociedad Rural, por intermedio de su controlada, La Rural de Palermo, propietaria del 50 por ciento de las acciones de Ogden Rural, obtenga alguna utilidad algún día” ya que esas acciones preferidas otorgaban a De Narváez el derecho acumulativo “al cobro preferente de utilidades por la suma de 5 millones de dólares al año, neto de la aplicación del impuesto a las ganancias”. En su posterior acción legal, Cassini y sus peritos explicaron que la negativa a consolidar las cuentas de las distintas sociedades armadas para explotar el predio (amparándose en que la Sociedad Rural es una asociación civil y no una sociedad comercial) impedía sacar conclusiones fiables, ya que “constituyen a la luz del principio de realidad económica un grupo económico, que debe ser analizado como tal y no como entidades separadas, independientes y autónomas”, ya que “toda decisión comercial, financiera, jurídica, fiscal que afecte a cualquiera de las sociedades tiene un impacto económico indefectible en la Sociedad Rural Argentina”. El ejemplo que puso de ello fue contundente: según el balance al 30 de junio de 2006, en sólo tres años la Sociedad Rural perdió la mitad de su patrimonio neto, que pasó de 80,6 a 40,7 millones de pesos. “O sea, desde junio de 2003 viene perdiendo un promedio de más de 13 millones de pesos por año.

De Narváez se hizo cargo de pagar o refinanciar la deuda con el órgano estatal que administra los bienes del Estado (el Onabe) y absorber las deudas de la Sociedad Rural con ORSA, que le había adelantado dos millones de dólares para la cuota anterior con el ONABE. También se comprometió al pago de un adelanto de 60.000 dólares mensuales durante cinco años, que la Rural debería devolver con la mitad de las utilidades que percibiera por el emprendimiento, que no generaba ninguna. Es obvio que se trata de una inversión a largo plazo, que recién dará frutos cuando se realice el negocio inmobiliario. Al mismo tiempo, agregó Biolcati, la Rural logró renegociar su parte de la deuda con el Banco Provincia. Cuando estaba por cerrarse el trato, el presidente del Banco Provincia, Jorge Sarghini, con el respaldo del gobernador Felipe Solá, exigió “primero con suavidad y después cada vez con más energía”, la garantía hipotecaria que Duhalde no había requerido para otorgar el crédito original. Como la Sociedad Rural se negó, en febrero de 2003 el Banco presentó una demanda ejecutiva por el total de la deuda, que sumando intereses pasaba de 100 millones de pesos.