La Ley de Divorcio -que marcó un fuerte conflicto con la Iglesia Católica-, el pebliscito por el Conflicto del Canal de Beagle que finalmente trajo la paz con Chile, el traslado de la Capital Federal a Viedma, la visita de Juan Pablo II en 1987 a la Argentina, la visita a Fidel Castro en Cuba y la implementación de las Cajas PAN fueron sin duda hitos que también marcaron los años alfonsinistas.

Levantamientos militares, Punto Final y La Tablada
El abierto enfrentamiento con las Fuerzas Armadas le costaría al por entonces Presidente levantamientos y reclamos desde ese sector. El poder uniformado todavía contaba con los resortes suficientes como para ser considerado una amenaza para la democracia. Alfonsín debió resistir los embates y negociar.

Ese fue uno de los máximos desafíos que debió enfrentar el histórico dirigente como Primer Mandatario: la Ley de Punto Final, como consecuencia del levantamiento militar de la Semana Santa de 1987, fue el mayor “reproche” que los sectores progresistas le endilgaron a su gobierno.

El enrarecido “clima” que vivía el país esos años dio la excusa perfecta a los extemporáneos terroristas del ERP de Enrique Gorriarán Merlo que ensangrentaron al país el 23 de enero de 1989, cuando coparon el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada.

Hijo de Raúl Serafín y de Ana María Foulkes, Raúl Ricardo Alfonsín nació el 12 de marzo de 1927 en la localidad bonaerense de Chascomús. Fue el mayor de seis hermanos. Egresado del Liceo Militar General San Martín, el líder radical recibió una rígida formación castrense que abandonó al elegir en 1950 la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata

Ese mismo año, daría comienzo a la carrera que 33 años después lo colocaría al frente de la República. Comenzaría a militar en la Unión Cívica Radical (UCR).

Un año antes de comenzar su carrera como abogado y como político, se casó con quien sería su mujer toda la vida: María Lorenza Barreneche, quien a pesar de la alta exposición de su marido siempre conservó un perfil sumamente bajo. Con María Lorenza tuvo seis hijos.

El concejal de Chascomús
El año 1954 constituyó una bisagra en la vida de Alfonsín. Fue elegido concejal de Chascomús, mandato que sería interrumpido por el golpe de Estado de 1955.

En los sucesivos períodos constitucionales interrumpidos por gobierno militares, su ascendente carrera dentro de la UCR lo colocaría cada vez un escalón por encima de otro dentro del armado legislativo: sería electo diputado nacional, para luego ser coronado presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).

El primer desafío a un gobierno militar de facto le costó un breve paso por la cárcel: durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) jugó la que sería su carta más fuerte hasta el momento, al intentar reabrir el comité provincial del que era autoridad máxima. Un golpe de efecto dentro de las filas del radicalismo que lo colocó como un correligionario de referencia.

A partir de entonces, comenzó a mantener mayor contacto con sectores de izquierda y progresistas, quienes le imprimirían una marca imborrable al resto de su carrera política.

La dureza del régimen de Onganía y los sucesivos hechos de violencia que comenzaba a padecer la Argentina actuaban como antesala de la década más sangrienta de nuestra historia. A comienzos de los 70, los contactos de Alfonsín con jóvenes radicales comenzaron a marcar un camino diferente a las propuestas extremistas de los más exaltados grupos de la izquierda peronista.

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Sin embargo, el gobernador Jorge Capitanich negó estos datos. “Desmiento rotundamente la existencia de ese informe reservado”, dijo. Lo mismo hizo ayer Gregorio Buchovsky, del ministerio de Salud provincial.

Los datos contradictorios reflejan lo mal que están trabajando. Apuestan a Nación para que resuelva. No trabajan con criterio epidemiológico, la comunicación social fue totalmente errada: primero negaron, después relativizaron, luego reconocieron la epidemia, volvieron a negar los datos reales y ahora admiten algunos errores. Pero jamás pelearon por el control del dengue. Los agarró de brazos caídos”, protestó Núñez.

Una fuente muy cercana a Salud provincial avisa: “Hay factores institucionales que también llevaron a esta situación: la mala gestión del ministerio de Salud, la puja de poder y que no tienen más de dos epidemiólogos en su equipo”.

Hasta algunos integrantes del equipo de control de dengue reconocen que los casos son muchos más que los informados. El desconcierto en el Gobierno es tan amplio que ayer la ministra de Salud habría presentado su renuncia al Gobernador, con una fuerte discusión incluida.

No hay vacunas ni fumigación que erradique la desidia que hace del dengue una epidemia fatal
En Chaco los casos llegarían a 11.363, sin embargo, el gobernador (K) Jorge Capitanich lo niega, como así también su esposa y ministra de Salud de la Provincia, quien habría presentado anoche su renuncia, según voces locales. Pero entre la desidia y la puja de poder, nadie hace espacio a la concientización, única arma contra el dengue. No hay vacunas ni fumigación que evite que vuelva a aparecer aún con más fuerza y en menos de 1 semana. Por eso, ante oídos sordos, todo Chaco hará sentir las cacerolas y bocinas a las 20.00 horas.
A pesar de que se niega que se trate de una epidemia, los números de infectados con el virus del dengue no paran de crecer en la Argentina y anoche se informó sobre la muerte de dos mujeres en Charata, Chaco, con lo que las víctimas mortales ya se elevan a cuatro en todo el país.

El Gobernador Jorge Capitanich lo negó, pero el Comité Provincial de Prevención y Lucha contra el dengue le presentó el lunes de la semana pasada un informe reservado cuyos datos están más cerca de lo que vienen diciendo las autoridades y los médicos de las localidades afectados que de la versión oficial de la propia Provincia.

Según la ONG local Nelson Mandela, que tuvo acceso a la información, el contenido de esa carpeta confirma la existencia de 11.363 casos de dengue, ya sean aseverados por laboratorio, o por nexo epidemiológico (asociación de casos y enfermos).

Entre los economistas, se considera inevitable una devaluación después del 28 de junio. Se habla de un dólar a 4,5 pesos, en el mejor de los escenarios. Fuga de divisas, caída de la recaudación, pérdida de competitividad, algunas de las variables que amenazan el modelo kirchnerista. El límite que trazó Martín Redrado para seguir en el Central.

“Creemos que después de las elecciones el dólar lo van a poner en 4,50”, afirmó el directivo de uno de los bancos más importantes del país. La versión en rigor es de las más optimistas. Hoy el dólar en el mercado paralelo se aproxima aceleradamente a los 4 pesos. Así que llevarlo de un golpe a 4,5 no sería ninguna revolución.

El problema con una medida de este tipo es la memoria colectiva del argentino, que detrás de una devaluación no ve la corrección final de la moneda, sino el inicio de una escalada y agudiza el efecto que se quiere evitar, estos es la corrida al dólar, que a su vez provoca la disparada de las tasas para neutralizarla, que vuelven imposible el crédito y paralizan así la actividad.
“Si ponen el dólar a 4,5 pesos de un saque, la gente va a pensar que la semana que viene se va a 6 pesos y ahí ya estamos metidos en un quilombo”, afirmó un técnico del Banco Central, con el lenguaje gráfico de la City.

CUANDO EL RÍO SUENA…
¿OTRA VEZ EL CORRALITO?
“El que apuesta al dólar pierde” o “El que depositó dólares recibirá dólares”… ¿quién no recuerda estas tristemente célebres frases? frases que, lamentablemente, siempre resultaron al revés de lo prometido.
Pero como los argentinos estamos acostumbrados a que nos castiguen con nuestros ahorros, otra vez resurge el rumor de un nuevo corralón o corralito financiero.
Según fuentes confiables citadas por el reconocido sitio El ojo digital, los Kirchner tienen planeado implementar sobre los sufridos argentinos un nuevo, pero viejo, sistema para quedarse con fondos líquidos, muy necesarios, vitales, podríamos decir, para la inminente campaña electoral.
La idea, mucho más sutil que la del corralito de Fernando de la Rúa-Domingo Cavallo y el corralón de Eduardo Duhalde-Roberto Lavagna, es canjear forzadamente todos los activos líquidos —dinero— que el público mantiene en los bancos, contra bonos patrióticos que no serán más que papel pintado.
Ahorristas, no digan que no se lo advirtieron. Como reza el comentario, muchos se salvaron del 2001 porque hicieron caso del rumor.
¿Tiene algo en el banco? Nuestro consejo es que lo retire lo antes posible, saque su dinero y cámbielo a dólares o Euros.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo avaló la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para distribuir los fondos de la alícuota entre provincias y municipios

La comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo avaló hoy, con la mayoría oficialista que la integra, el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Poder Ejecutivo para crear un Fondo Federal Solidario con las retenciones a las exportaciones de soja que se coparticipará con las provincias.

Los legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO que pertenecen a la bicameral firmaron dictamenes de minoría por separado con el argumento general de que la medida tendría que haber sido discutida en el Congreso, indicó a DyN el diputado macrista Julián Obiglio (PRO).

La bicameral se reunió en el Salón “Eva Perón” del Senado bajo la presidencia de la senadora Marita Perceval (PJ). Los despachos firmados por la mayoría y minorías tendrán que ir a las cámaras, pero como la ley reglamentaria de la bicameral no pone plazo para realizar el trámite, Obiglio adelantó que la oposición pedirá expresamente el debate del polémico DNU.

En la reunión estuvieron presentes por el Senado además de Perceval los justicialistas Nicolás Fernández , Silvia Gallego, Míguel Angel Pichetto y el radical Luis Naidenoff Petcoff , mientras que por diputados asistieron Agustín Rossi, Diana Conti, Luis Cigogna, Patricia Vaca Narvaja y Jorge Landau, por el FPV; Oscar Aguad (UC R), Marcela Rodríguez por la Coalición Cívica y Obiglio.

Perceval sintentizó el apoyo del oficialismo al DNU indicando que se funda “en un criterio de redistribución de los derechos de exportación de la soja. Es una medida federal y es una decisión excepcional” que atiende reclamos de las provincias.

A su vez, la senadora precisó que hasta la tarde de ayer “veinte jurisdicciones provinciales mas la ciudad de Buenos Aires han manifestado su adhesión” para entrar en el reparto del Fondo.

Causó malestar en el oficialismo la postura del radical Aguad, quien sostuvo que es “plata manchada” con que se tienta a los intendentes a prometer la realización de obras públicas en el marco de la campaña electoral con vista a los comicios del 28 de junio.

La senadora Gallego afirmó que eso era “ponerse en contra de los intereses provinciales que (Aguad) dice defender”.

A su vez, Landau replicó la posición de Aguad en cuanto a que las retenciones son un tributo y las medidas que se tomen sobre ellos tienen que pasar por el Congreso argumentando que “perfectamente podría haberse tratado de una reasignación de partidas que es lo que es en realidad”.

También el diputado y apoderado del PJ nacional apuntó que “las cuestiones de urgencia están dadas por la situación económica” ya que “la caída de la recaudación que cada provincia implica que el gobierno nacional acude en auxilio de esta situación”.

Marcela Rodríguez confesó que “todavía no encuentro una persona que explique por que las retenciones no son tributos” y que, por lo tanto, la decisión de coparticipar las retenciones de la soja tendría que pasar por el Parlamento.

“La sustancia de lo distinto es que el impuesto o el tributo es la capacidad contributiva, en la retención de aduanas no es lo sustancial”, intentó aclarar Cigogna.

Agustín Rossi expresó que medida adoptada por la presidenta, Cristina Fernández, es “una decisión histórica porque por primera vez en la Argentina se coparticipan los tributos a partir de los derechos de exportación.