La primera denuncia la hizo Tribuna en el año 2007. En esos días, se expusieron las sospechas ( Ver: ¿Abogada Trucha? ) de que Cristina Kirchner fuera realmente abogada y se aportaron elementos que dejaban al descubierto una eventual usurpación de título de su parte. Esa misma evidencia fue presentada posteriormente a la Justicia ( Ver: El equivoco titulo de Cristina ) y se inició una oportuna denuncia penal contra la Presidenta.

Ahora, a cinco años de esa investigación iniciada por este medio, un empresario de medios de la ciudad de La Plata reeditó la misma discusión a través de una nueva presentación solicitando el “juicio político” para la primera mandataria por la “usurpación” de su título de abogada.

Se trata de Marcos Panissal Arana, quien presentó su denuncia hace poco menos de un año, más exactamente el 13 de diciembre, un día después de que la Presidenta asumiera su segundo mandato. El empresario platense elevó su pedido a las cámaras de Senadores y Diputados y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, “conforme las facultades otorgadas por la Constitución Nacional

Días atrás, Adecua fue acusada por una supuesta estafa a 1,7 millones de consumidores en connivencia con la Justicia por acuerdos con seis bancos, que habrían ahorrado $ 367 millones al dejar de pagar indemnizaciones por cobros indebidos. La investigación de Colombo llegó hasta el discurso presidencial y terminó con la renuncia de tres abogados a sus cargos públicos. La Presidenta propuso dar un paso más en el control de las asociaciones, a través de un “protocolo” para regir su actividad.

El abogado de Adecua, Osvaldo Riopedre, habla de persecución: “La subsecretaría estaba al tanto de los acuerdos -el de Santander y Galicia, también sellados por las asociaciones Proconsumer y Damnificados Financieros, y el de la financiera GMAC, por Cruzada Cívica-, ya que habían sido informados a través de las presentaciones anuales a las que estamos obligados”. En Adecua creen que hay una intencionalidad de desgastar a las asociaciones que hablen de precios. “El rol del Estado como defensor de los consumidores es indelegable, pero deberíamos trabajar en conjunto”, lamenta González.

La verticalización impuesta por Moreno, opina Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, anuló los espacios de debate: “Antes, nos reuníamos en el consejo consultivo a discutir los problemas de los consumidores. Ahora no existen esas instancias”.

Por estos días, el panorama no es alentador. La politización en esa trama corrió el foco de los consumidores. En el ámbito nacional, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor depende de Guillermo Moreno, quien, también allí, puso su sello: el año pasado tachó del registro de las asociaciones de defensa del consumidor (condición para su operatividad) a Consumidores Libres, del ex diputado socialista Héctor Polino. Su falta fue relevar precios, una actividad que realizaba desde mucho antes de la intervención del Indec y de la preocupación del Gobierno por disimular los incrementos. Luego, la censura cayó sobre Adelco, que debió dejar de publicar su canasta tras 20 años, para no perder la personería. “Era información requerida, por ejemplo, para fijar cuotas de alimentos en algunos juicios”, cuenta Claudia Collado, titular de Adelco.

Moreno profundizó el control sobre los defensores. Tras el caso de Polino, creó con ayuda de la subsecretaria María “Pimpi” Colombo -que se excusó durante dos semanas de responder la consulta de LA NACION- un comité de ética destinado a evaluar el funcionamiento de las asociaciones.

Los 0-800 de las empresas dejaron de ser las únicas vías de reclamo y proliferaron organismos nacionales, provinciales, municipales; tribunales administrativos y órganos de contralor de servicios; defensorías, asociaciones, y otros, que componen una telaraña de posibilidades para solucionar contrapuntos entre clientes y empresas o, a veces también, con el Estado mismo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación logró frenar por tres años el cobro de un cargo adicional en la tarifa del gas natural para cubrir las importaciones del suministro, e interpuso una medida cautelar para evitar cortes de energía a quienes no pagaran aumentos considerados “contrarios al principio de razonabilidad”.

El amparo legal, dice Vítolo, trasciende el genérico usado por la Presidenta: “Nada tienen que ver las políticas de precios máximos, la restricción de importaciones o los acuerdos de precios con los derechos del consumidor, que aluden a temas de información, publicidad, garantía, calidad del producto, seguridad y otros aspectos”, explica, con la aclaración de que la Constitución obliga a las autoridades a proteger esos derechos.

El progreso formal en favor de los consumidores, señalan algunos especialistas, puede toparse en la práctica con aplicaciones parciales o tardías, o enredarse en la compleja matriz de defensa del consumidor, donde, argumentan, falta coordinación. Con ese fin, asociaciones de consumidores impulsan una federación que las integre a nivel nacional.

Está claro que los saqueos de este jueves en Argentina no han sido generalizados. Aunque todavía no se conocen datos certeros sobre la evolución de la pobreza en Argentina en 2012, sí hay estadísticas que demuestran que la economía ya no crece al 9% anual como antes, sino al 1% o 2%, la inflación se mantiene alta pese a la desaceleración de la actividad y el paro, que había bajado en 2011 al 6,7%, el menor nivel en dos décadas, ahora ha subido al 7,6%, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos, donde ha seguido bajando.

El embajador argentino en Francia y reconocido economista heterodoxo, Aldo Ferrer, ha destacado en una reciente entrevista con Tiempo Argentino que en los nueve años de Gobiernos de los Kirchner su país había recuperado el “Estado, la soberanía y la capacidad de hacer política económica”, pero señaló como materias pendientes la “inclusión social” y la “erradicación de la pobreza”, que ha bajado del 57% de la población en 2002 al 21,9% 2011, según la Universidad Católica Argentina. Ferrer ha opinado que la inflación resulta “mayor que la que conviene”, aunque llamó a combatirla sin frenar el crecimiento o aumentar el desempleo.

El argumento de EE.UU. se basó en dos puntos centrales, que fueron explicados en detalle: que “la interpretación del pari passu es incorrecta y adversa a los Estados Unidos”; y que “la injunction (la condena de Griesa a la Argentina a pagarle a los demandantes con fondos de los que ingresaron al canje de deuda) contraviene las leyes de Estados Unidos de inmunidad soberana, FSIA (por sus siglas en inglés), y podría dañar las relaciones exteriores de los Estados Unidos”.

La administración de Obama consideró que el fallo de la Corte del pasado 26 de octubre “aprobó una nueva interpretación a la estándar de la cláusula del pari passu que se encuentra en muchos instrumentos de deuda soberana, de una manera que va en contra de los esfuerzos estadounidenses de larga data para promover reestructuraciones de la deuda ordenada”.

Cuestionó que con dicha sentencia se “ratificó además una medida cautelar que restringe la disposición de los activos de los Estados soberanos que no están sujetos a la ejecución según la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés)”.

La Corte de Apelaciones libró hoy una orden haciendo lugar a la moción del gobierno de Obama para presentar un amicus -documento amigo- en apoyo al pedido de Argentina para una revisión de la sentencia del 26 de octubre pasado que dictó el tribunal.
Se trata de una señal de la Corte de Apelaciones favorable al interés argentino ya que, si prospera y se revisa la posición de dicho fallo, podría dejarse de lado el juicio que enfrenta el país contra los fondos buitre y por el cual la Argentina, los acreedores, los terceros involucrados, el Gobierno de Estados Unidos, entre otros, se presentarán en una audiencia clave el próximo 27 de febrero en Manhattan.

El pedido de una audiencia en banc, es una solicitud que formuló también el gobierno argentino para que dicha Corte revise el fallo completo a través de la totalidad de los jueces que componen el tribunal, que consideró que la Argentina violó el tratamiento igualitario (pari passu) a los acreedores.

La demanda civil, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles (California), es la primera acción legal del gobierno federal contra una agencia de calificación de riesgo, consideradas por autoridades y analistas como un elemento clave en el estallido de la crisis.
“El deseo de S&P de asegurarse un buen margen de negocio, beneficios e ingresos, la condujo a una acción equivocada de tomar bonos que sabía que eran de plomo y decirle al mundo, a través de sus calificaciones, que eran de oro”, indicó a los periodistas el fiscal adjunto Tony West. Según el funcionario, la agencia “dio calificaciones AAA a casi todas las CDO que valoró en este periodo, y lo hicieron pese a su propia información interna, que mostraba que las calificaciones en los bonos hipotecarios de los que dependía la calidad financiera de estos productos no se mantendrían”.
En un comunicado, S&P consideró ayer que la demanda “no tiene fundamento” y aseguró que se defenderá “vigorosamente” en los tribunales.
Floyd Abrams, un abogado de la agencia, consideró que al gobierno le resultará difícil probar que S&P manipuló sus calificaciones intencionadamente, al alegar que los empleados de la firma, igual que muchos funcionarios, no veían venir la crisis en 2007. “No hubo ningún fraude, porque las calificaciones que se otorgaron fueron las que creían adecuadas quienes las otorgaron. Y eso es lo que el gobierno tiene que refutar”,