La diputada nacional Elsa Quiroz -detenida en 1976 y excarcelada en 1983- y la legisladora provincial Maricel Etchecoin Moro radicaron la denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que pidieron que investigara dos compraventas de febrero de 2008.

“Consideramos indispensable que se investiguen los orígenes de los fondos integrados que solventaron la operación”, expusieron en la denuncia, ya que la sociedad anónima por la que invocó actuar Schoklender, Antártica Argentina SA, “no poseería solvencia para poder adquirir por los valores por los que la operación se realizó”.

Consultado por La Nación, Schoklender calificó de “disparate” la denuncia. Dijo que el primer predio son cuatro hectáreas ocupadas por 70 familias que estaban por ser desalojadas y se adquirieron para evitarlo, y que el segundo predio es una quinta que planea transformar en un centro de rehabilitación para adictos.

Las legisladoras destacaron ciertos datos de esas operaciones. Entre otros, que en la escritura de compraventa de la quinta Mis Pampas, Schoklender y el vendedor, Jorge Alberto Grisolía, consignaron que el precio concertado era bajo (US$65.000) porque el predio se encontraba “a cien metros de un asentamiento precario [villa de emergencia], lo que en definitiva ha afectado el valor comercial”.