La ley de transparencia que entró en vigor en marzo pasado en Ruanda es más avanzada que la que aprobó ayer el pleno del Congreso de Diputados. Así lo afirman las principales plataformas que luchan en España por el derecho de acceso a la información pública. Según el análisis que ha llevado a cabo la organización Access Info Europe, la normativa española se situará en los puestos de la cola del ranking internacional de los países que las tienen. De 95, tendrá la posición 72, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos valorados.

La ley que debía garantizar el derecho de acceso a la información pública -es decir, que la información en manos de la administración esté al alcance de cualquiera que desee consultarla- era una asignatura pendiente de la Transición y una medida necesaria para echar luz en las sombras de la gestión pública, poner coto a males como la corrupción y ayudar al ciudadano en la toma de decisiones. España era el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes -junto con los minúsculos Chipre y Luxemburgo- que no había regulado todavía este derecho fundamental reconocido por tribunales internacionales.