Las denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras de distintos medios por recibir amenazas vía electrónica, no han merecido atención gubernamental. En algunos casos se integraron carpetas de investigación y se llegó a proporcionar medidas cautelares a una periodista de los 27 amenazados. Sin embargo, a pesar de que existe la tecnología para detectar a quien realizó las amenazas, no existe la voluntad de hacerlo por parte de las autoridades. Esta situación se ha agravado recientemente, lo que añade un elemento de intimidación. La criminalización de los movimientos sociales y las agresiones a las y los defensores de derechos humanos se ha vuelto un ejercicio criminal que ha quedado impune en la mayoría de los casos. De igual modo, diversas autoridades bloquean, limitan, obstaculizan la labor de defensa de los mismos y llevan a cabo campañas de desprestigio.