Con este fallo, dictado el pasado 29 de noviembre en el caso del empresario periodístico Jorge Fontevecchia y Héctor D`Amico, la CIDH se pronunció por primera vez sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reivindicando el avance que esto significa en materia de libertad de expresión, informó la Secretaría de Derechos Humanos.

La sentencia destaca como puntos fundamentales la reforma legislativa impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el caso Kimel, que modificó el Código Penal eliminando la posibilidad que las expresiones u opiniones relacionadas con asuntos de interés público configuren supuestos de calumnia o injuria.

Además se resaltó la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, como así también “los cambios institucionales y jurisprudenciales ocurridos en la Corte Suprema en materia de libertad de expresión”.