Cuando entró en vigor en julio de 2012 el decreto que estableció las aportaciones del paciente al Sistema Nacional de Salud Antares Consulting evaluó para lo que restaba de año (en un trabajo solicitado por el Grupo Cofares) 384,22 millones de euros como fondos que saldrían del bolsillo de los pensionistas. La misma consultora consideró que en 2013, ya en vigor el decreto durante todo el año, esta cantidad crecería en quinientos millones de euros. A los que habría que sumar las facturas por gastos no farmaceúticos que Antares no consideró (ambulancias, desplazamientos, etc). Estamos pues hablando de entre 900 y 1.000 millones de euros al año cobrados a los pensionistas. La garantía del 0,25% supondrá 266 millones en cifras de este año.

En conclusión, lo que se ha producido y va a consagrarse para todos los años de gobierno del PP en España no es una revalorización de pensiones, sino una disminución, que afectará especialmente a los más necesitados -los ancianos enfermos-. Los representantes de la Unión General de Trabajadores en los órganos de participación del sistema sanitario ya han denunciado como están empezando a aparecer en los servicios de urgencia de los centros hospitalarios personas mayores que no se han tomado la medicación que les ha sido prescrita. Obligados al mantenimiento de sus familias o simplemente desbordados por esta nueva obligación que no pueden afrontar, el derecho a la salud ya no es para ellos una realidad.