Según la decisión del juez, “desde que la Corte de Apelaciones falló, los más altos funcionarios de la Argentina han declarado que el país pagaría a los bonistas que aceptaron el canje, pero no entregaría un solo dólar a los que no aceptaron. La presidenta Cristina Kirchner hizo tal declaración. El ministro de Economía Lorenzino declaró que, a pesar de cualquier sentencia que pudiera surgir de cualquier jurisdicción, la Argentina no les pagaría a los bonistas en default”. Griesa destacó: “La Corte urgió al gobierno argentino a abandonar las desatinadas amenazas de desafiar la sentencia y que cualquier desafío a las sentencias no sólo sería ilegal, sino que representaría la peor clase de irresponsabilidad en los tratos con la Justicia. Esto no detuvo a los más encumbrados funcionarios argentinos, quienes continuaron hasta el momento con sus incendiarias declaraciones”.