En la misma línea, el abogado Ricardo Monner Sans realizó una presentación ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal por la decisión tomada por el Gobierno. En sus fundamentos, cuestionó la legalidad de la medida: “La validez del acto depende de su notificación. La aplicación zigzagueante de esta última norma conlleva a que la Administración entienda que su actuar goza de presunción de legitimidad”.

Poco antes de esa presentación, un abogado porteño se convirtió en el primer usuario de Fibertel en atacar la medida del gobierno. El abogado Matías Joaquín Robirosa radicó la acción ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo número 10, a cargo de la jueza Liliana Heiland.

El escrito sostiene que “los ciudadanos son víctimas de una lucha que les es ajena” y plantea que la resolución anunciada la semana pasada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, “es ilegítima y arbitraria”.

En Córdoba, la Justicia Federal local también recibió hoy el primer amparo individual contra la resolución 100/2010 de la Comisión Nacional de Comunicaciones.