Degradación de las viviendas

Para los miembros de esta asociación, este plan urbano, “ignominioso para los vecinos y para la historia del barrio”, supone un destrozo irreparable del patrimonio. Además, han acusado en reiteradas ocasiones al consistorio de permitir la degradación de las viviendas del barrio, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) por su entramado urbano derivado de la alineación de las antiguas barracas de pescadores. Tras años de litigios y peleas judiciales, el Tribunal Supremo dictaminó, el pasado 25 de mayo, una sentencia que obligaba a Cultura a declarar si la actuación municipal era, o no, un acto de expolio. El Alto Tribunal exigía a Cultura que basara su decisión en una serie de informes técnicos. Dicho y hecho. El ministerio afirma que la declaración de expolio está “apoyada en múltiples informes técnicos”.

En concreto, Cultura argumenta su decisión tras haber recabado documentos de la Real Academia de la Historia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico (dependiente del propio ministerio), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda y del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.