Rumanos y marroquíes
No obstante, si no se tienen en cuenta los continentes, los que suman más compatriotas son en primer lugar los rumanos, seguidos de los marroquíes, ecuatorianos, británicos, colombianos y alemanes. Sin embargo, esta misma semana el Ministerio de Trabajo daba a conocer que los marroquíes ya habían desplazado a los rumanos. Los datos provenían de un informe que analizaba el número de tarjetas de residencia expedidas.
Estos son datos provisionales hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través del Padrón Municipal. Entre ellos figuran también las comunidades con mayor población inmigrante: Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Y las que menos, aparte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Extremadura, Cantabria, La Rioja y Asturias.
El nuevo padrón demuestra que poco a poco los extranjeros se han convertido en el dinamizador de la sociedad española. Ya somos más de 46,6 millones de habitantes (más mujeres que hombres). Pero los inmigrantes son más jóvenes: el 79% de ellos tiene entre 16 y 64 años y sólo el 5% es mayor de esa edad. Algo que no ocurre entre los españoles, donde el colectivo de personas mayores cada vez tiene más peso y resulta más numeroso, pues representa el 18% de la población, mientras que nuestros niños y jóvenes son cada año menos: tan sólo el 15%.
En el perfil del colectivo inmigrante existe otra connotación: hay más mujeres iberoamericanas, en cambio más varones africanos y asiáticos.

Las escasas expectativas de futuro en España han reducido a la mitad los extranjeros que se empadronaron durante 2008. Representan el 12% de la población. Rumanos, marroquíes y ecuatorianos son los más numerosos
Con la actual crisis económica muchos extranjeros han cambiado de idea a la hora de iniciar una nueva vida en nuestro país, ya sea de forma provisional o definitiva. Y es que afincarse en España parece que ya no tiene tantas expectativas laborales de futuro. De hecho, la población inmigrante que se ha empadronado en alguna de las ciudades de nuestra geografía se ha reducido con creces. Un 56% nada más y nada menos. Siguen llegando nacionales de otros Estados, sin duda, pero en un número muy inferior, pues si en 2007 se asentaron 749.208 extranjeros, en 2008 la cifra se redujo a 329.929. Es el crecimiento más bajo en toda esta década.

«Con este informe queremos superar esa imagen fragmentada que aparece en los medios de comunicación para demostrar que no son hechos puntuales, sino una ola de xenofobia importante que si aquí no ha llegado al Congreso como partido político es porque el movimiento está todavía muy dividido», ha denunciado.
Según Ibarra, en las más de 200 webs que recogen propaganda neofascista en España se atisban los primeros proyectos políticos, como uno llamado «Iniciativa Unidad», así como ataques coordinados como «un juego para matar» al propio representante de Movimiento contra la Intolerancia, que se produjo después de un juicio a «skin heads» y que ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.
En cuanto a la acción institucional, Ibarra ha señalado que «el espíritu para combatir» esta violencia existe pero «falta su aplicación» al no existir un registro institucional, una tipificación del delito por odio, una aplicación de la ley con «rigor» y una protección de las víctimas al mismo nivel que las del terrorismo. Unidades especiales de policía y una Fiscalía específica que persigan este tipo de violencia serían, según Ibarra, las medidas institucionales «necesarias» para «aprovechar el retraso con el que cuenta España, porque todavía no hay movimiento político consolidado», como en otros países europeos.

Pero para Víctor Sáez, el presidente de Ferine, la escena no corresponde a un hecho aislado. “Todos los días están deportando a gente en el aeropuerto de Barajas. Expulsan entre dos y cinco personas por día”, aseguró, al tiempo que no dudó en denunciar el tipo de métodos empleados. “Los atan, los esposan o les ponen un bozal”, afirmó.

No obstante, esta última aseveración fue enérgicamente rechazada por la Confederación Española de Policía (CEP), organismo que acusó a la Ferine de “mentir en forma temeraria” al “aprovechar la grabación de una labor policial “plenamente ajustada a la legalidad” con la intención de enlodar la reputación de la Policía y a la ley vigente. En su descargo, la CEP negó especialmente que se les “colocara un bozal” a los inmigrantes ilegales detenidos, aunque nada se dijo de las correas y las esposas.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) fue más allá y les pidió a los efectivos policiales que se negaran a llevar adelante el proceso de expulsión de inmigrantes sin documentos en regla hasta que el juez de guardia de la jurisdicción les indique “hasta dónde se puede hacer ejercicio de la fuerza” en una detención.

El empresario le acusa de ir ebrio a trabajar. “Iba borracho y se cayó dentro de la máquina”, asevera el dueño de la panificadora, quien asegura que “ya le había despedido un par de veces por este motivo, pero vino llorando a mi casa y le contraté de nuevo”.

Admite que no le vio llegar a su puesto de trabajo y que de haberle visto ebrio “le habría mandado a casa”. Asimismo, reconoce que tiró el brazo a la basura: “En ese momento no piensas y no se me ocurrió otra cosa… no era consciente de lo que estaba haciendo”, afirma. Según su declaración, “el brazo era inservible, no se podría reimplantar”.
Por otra parte, desmiente que su empleado fuera abandonado de camino al hospital: “Hay dos testigos, un policía y un médico, que pueden confirmar que mi hermano tuvo que ser atendido después de trasladarle (a Rilles)”.

Tampoco admite que sus empleados trabajaran en las condiciones que denuncia el sindicato: “Libraban uno o dos días, porque yo no tengo faena. Es mentira que trabajaran doce horas y que cobraran 20 euros al día”.

Desde el accidente, la empresa no ha vuelto a abrir. El responsable dice haberperdido “todos los clientes” y subraya que el incidente le ha “arruinado”. “Me va a costar todo lo que tengo”, lamenta.