El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita a su absoluta voluntad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los PAGA el Estado. Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios,

muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años.Rubalcaba prometió reformarlaen su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero:este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año, ¡una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy!.

Y no hay dinero para sanidad y educación, es una vergüenza.